Un juez nicaragüense admitió el domingo una acusación penal contra 16 activistas opositores arrestados hace dos semanas cuando llevaban agua a mujeres en huelga de hambre y acusados por presunto "traslado ilegal de armas", se informó oficialmente.
El juez suplente Adalberto Zeledón, del juzgado quinto penal de audiencia, aceptó la acusación de la Fiscalía durante una audiencia inicial que duró más de ocho horas.
Zeledón confirmó la prisión preventiva de los 16 detenidos y fijó el inicio del proceso para el 30 de enero de 2020.
Trece de los acusados son jóvenes miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entre ellos la líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, que había sido detenida ya en 2018 y fue liberada en junio bajo una polémica amnistía.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó vía Twitter lo que consideró un "proceso viciado" en contra de personas que "lo único que hicieron fue mostrar solidaridad".
"Usaron las leyes como quisieron", afirmó la abogada Noemí Guerrero, mientras el padre de Amaya Coppens, el ciudadano belga Federico Coppens, dijo "no esperar nada" de la justicia nicaragüense.
La audiencia inicial se desarrolló a puertas cerradas, sin acceso para periodistas independientes, ni para familiares de los detenidos, que en otro sector de Managua realizaron una vigilia con velas encendidas y botellas de agua en las que pegaron etiquetas con los nombres de sus parientes encarcelados.
Los activistas fueron arrestados el 14 de noviembre en la ciudad de Masaya, vecina a la capital, después de llevar botellas de agua a 11 madres de personas consideradas "presos políticos" que ese día iniciaron una huelga de hambre para reclamar su libertad.
La Policía los presentó cuatro días después y en un comunicado aseguró haberles decomisado armas y explosivos caseros, razón por la cual la Fiscalía los acusó por "traslado ilegal de armas".
La UNAB asegura que con esas detenciones suman más de 160 los "presos políticos" todavía en prisión por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Entre febrero y junio pasado fueron excarcelados unos 620.
Nicaragua vive una aguda crisis de gobernabilidad que estalló con protestas sociales en abril de 2018, y donde la acción policial y de paramilitares dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y 88.000 emigrados o exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno reconoce 200 muertos.
