La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, advirtió este martes que seguirá firme en lo que ha denominado como “la defensa de la paz”, después de un informe de una comisión especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la crisis que se vive en el país.
La mayoría de los embajadores que intervinieron el lunes en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA apoyaron la recomendación de convocar de forma inmediata a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Cancilleres, para presionar al régimen de Daniel Ortega a detener las violaciones de derechos humanos.
Murillo dijo que “con la Paz, con el cariño, con la dignidad humana no se juega. Con la paz y con nuestro derecho a trabajar honradamente, a prosperar, a vivir alegres, contentos agradecidos a dios no se juega, es un crimen alterar la tranquilidad de las personas”.
La también primera dama de la República aseguró a medios oficiales que los ciudadanos que se suman a demandar la expulsión de Nicaragua de la OEA, así como cambios estructurales en el país son una minoría.
“Pretendiendo desde una minoría, obsoleta, obtusa y repudiada conquistar Nicaragua para el dominio imperial o para el sometimiento al capitalismo atroz y salvaje que ha querido destruir Nicaragua”, señaló.
La convocatoria de sesiones extraordinarias es parte del proceso establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, una vez que se han agotado las gestiones diplomáticas.
En tanto, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, expresó sus temores de que el organismo regional aún no cuente con los votos suficientes para suspender o expulsar al gobierno de Nicaragua.
“Lo que me temo que haya motivado que no hayan hecho la convocatoria es que todavía no tienen los 24 votos. Si no tienen los 24 votos mal harían en citar a una convocatoria a la Asamblea, porque seria para ser el hazmerreír, porque la Asamblea sería para decidir de una vez por todas la suspensión de Nicaragua”, explicó el exdiplomático a la VOA.
En la OEA y en el caso de Nicaragua se ha mencionado la posible aplicación del artículo 21, que implica la votación para suspender a un estado miembro del Sistema Interamericano, porque se ha producido la ruptura del orden democrático.
