La Fiscalía nicaragüense informó este lunes que iniciará los juicios en contra de los presos políticos que se encuentran bajo arresto domiciliar y en la Dirección de Auxilio Judicial, una de las penitenciarías de máxima seguridad de Managua y donde se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos.
Los procesos en contra de los más de 30 opositores que fueron arrestados a mediados del 2021 se encontraban suspendidos de forma indefinida debido a que supuestamente los jueces se encontraban “saturados”; no obstante, esto despertó suspicacias en algunos grupos políticos que señalaban que Daniel Ortega intentaría realizar algún tipo de negociación para que estos fueran liberados.
De hecho, el anuncio de la Fiscalía surge en medio de esfuerzos de los familiares de los presos, así como el sector privado, para iniciar un posible diálogo que termine en la liberación de los opositores.
Según las autoridades, los presos políticos están siendo acusados de haber violentado la Constitución Política y la llamada Ley de Seguridad Soberana, o Ley 1055.
En el comunicado de la Fiscalía, a los opositores se les tilda de “criminales y delincuentes que han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”.
“Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, señaló la Fiscalía en un comunicado que ha sido criticado por abogados defensores de derechos humanos.
Según el abogado Yader Morazán, quien fue funcionario del Poder Judicial de Nicaragua, el Ministerio Público viola la Constitución “que dicen defender” al omitir la presunción de inocencia de los acusados.
La Fiscalía nicaragüense es señalada de ser un instrumento al servicio del gobierno de Ortega, quien lleva más de 15 años en el poder y es por esa razón que Estados Unidos emitió sanciones contra dicha institución.
Según el gobierno estadounidense, el Ministerio Público fue designado por ser el “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
En mayo del año pasado la Fiscalía abrió procesos contra siete precandidatos presidenciales y más de 40 opositores nicaragüenses, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas.
“Basándose en la ley nicaragüense, incluida la Ley 1055, el Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”, dijo Estados Unidos al respecto.
La CIDH insta pide liberar a personas detenidas arbitrariamente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el lunes un comunicado de prensa en el que insta al Estado de Nicaragua “a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis”.
El organismo además pide al Gobierno de Daniel Ortega, que garantice el debido proceso, contra los considerados "presos políticos", y se les garantice el acceso a una defensa adecuada y cese todo hostigamiento en su contra.
“La Comisión exhorta a las autoridades nicaragüenses a garantizar el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia a una atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente y condiciones salubres de detención”, citó la Comisión.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.