Como parte de su vocería respecto a la situación de las mujeres, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, puso al país como “ejemplo” de “inspiración” en materia de género durante una intervención telefónica con medios oficialistas el pasado jueves 25 de noviembre.
“Desde nuestra Nicaragua revolucionaria y evolucionaria, una vez más asumimos y elevamos el compromiso de continuar siendo ejemplo de equidad de género”, aseguró Murillo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Somos en estos tiempos del mundo inspiración y lucha decidida como mujeres, desde las mujeres y desde toda nuestra sociedad”, continuó, como parte de un mensaje de casi veinte minutos.
Sin embargo, aunque ese alegato parte de ciertas políticas del Gobierno de Daniel Ortega y del resultado de Nicaragua en algún índice global, esconde una situación más compleja y difícil para las mujeres del país, sobre todo con la crisis y las protestas de los últimos años.
Detrás de los rankings
De acuerdo con la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas (Osagi), uno de los organismos predecesores de ONU Mujeres (creada en 2010), la igualdad de género es “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”.
En su explicación más amplia, esa “igualdad” ha abarcado la “equidad” de la que habló Murillo, al incluir la atención al punto de partida de unos y otras en distintos ámbitos.
En los últimos años, el oficialismo nicaragüense ha aludido al índice global de brecha de género que publica el Foro Económico Mundial para resaltar los avances del país al respecto. En el informe de 2021, de hecho, Nicaragua se ubica en el puesto 12 entre 156 países (con 0,796/1), el primero de América Latina y el tercero en desarrollo, después de Namibia y Ruanda. Este índice, no obstante, no recoge indicadores específicos para comparar la situación de las mujeres entre países, sino respecto a los hombres dentro de cada uno.
Por lo tanto, los buenos resultados de Nicaragua en acceso a la educación (primero, 1/1), empoderamiento político (sexto, 0,978) y salud y supervivencia (39º, 0,606) no muestran necesariamente que la situación de las mujeres en el país sea mejor que en la mayoría, sino que hay una paridad alta respecto a los hombres, que además ha mejorado en los tres aspectos desde 2006.
Sin embargo, como muestra el Banco Mundial, Nicaragua tiene el segundo PIB per cápita más bajo de América Latina solo por encima de Haití, con lo cual el peor desempeño en la categoría de participación y oportunidades económicas (120º, 0,598) confirmaría más bien que la situación es difícil tanto para hombres como para mujeres, aparte de la brecha adicional en el campo, donde todavía vive el 41% de la población.
De hecho, el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo confirma que las brechas en educación y salud entre hombres y mujeres nicaragüenses no son amplias, pero en 2020 ubica al país de 128 entre 189 aún, por ejemplo, con la reducción de matrículas y los programas alimentarios que favorecieron la escolaridad.
No obstante, detrás de determinadas políticas económicas e instituciones enfocadas hacia las mujeres, así como de su alto empoderamiento político, ha habido iniciativas del Gobierno de Ortega, que preside Nicaragua desde 2007, y de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
La nueva Política de Género del Poder Legislativo a partir de la Ley de Derechos y Oportunidades, o la reforma a la ley electoral con cuotas de género, han propiciado que la presencia en candidaturas y cargos políticos locales y nacionales haya aumentado de menos del 10% a en torno al 50% en la última década
Por ejemplo, el Gobierno de Nicaragua está compuesto en su leve mayoría por mujeres, encabezadas por Rosario Murillo, esposa de Ortega, como vicepresidenta desde 2017. Según recoge la Cepal, se trata del Ejecutivo que lidera este porcentaje en América Latina y el Caribe, y de uno de los seis países de la región con más del 40% de presencia femenina en el Poder Legislativo.
Además, en las pasadas elecciones del 7 de noviembre, las candidaturas presidenciales debían presentar fórmulas compuestas por un hombre y una mujer, y las listas a los demás cargos públicos debían ser paritarias.
Sin embargo, el fraude electoral denunciado por la comunidad internacional, el encarcelamiento o exilio de decenas de opositores y críticos al Gobierno, y la escalada de la crisis social y la violencia desde 2018, en particular contra las mujeres, evidencian que esa paridad en política tampoco ha garantizado mejores condiciones de vida.
Violencias contra la mujer
El Gobierno de Ortega también ha promovido iniciativas en favor de la igualdad de género que luego ha echado para atrás o no han tenido impacto suficiente.
La mayor participación política femenina, así como la presión de organizaciones feministas, dio pie a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que la Asamblea Nacional de mayoría sandinista aprobó en 2012.
También conocida como Ley 799, tipificó el feminicidio como delito, abarcó la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, reconoció distintas violencias y contempló políticas públicas, entre otras disposiciones.
Sin embargo, la reacción de sectores más conservadores y de la Iglesia Católica y las evangélicas llevó a decretar en 2014 una reforma que pasó a enmarcarla en la “protección a la familia” para garantizar su fortalecimiento como “núcleo fundamental de la sociedad”, según establece la Constitución. Además, la presión también llevó a que la Corte Suprema derogara otros artículos, aparte de los puntos que no llegaron a financiarse.
Ante la falta de datos oficiales, el capítulo nicaragüense de la red latinoamericana y caribeña Católicas por el Derecho a Decidir registra 66 feminicidios en lo que va de 2021, en línea con los 71 del año pasado y lejos de los 45 entre enero y noviembre de 2016. Si se toma como referencia la población de 3.359.705 mujeres que el Banco Mundial recoge en 2020, esos 71 feminicidios se traducirían en una tasa de 2,1 por cada 100.000.
Frente a los datos que recopila el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a Nicaragua solo la habrían superado Honduras, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y República Dominicana, y prácticamente habría igualado a El Salvador.
También ligado a la violencia contra la mujer, en 2008 entró en vigor el código penal aprobado dos años antes con el gobierno conservador de Enrique Bolaños Geyer, que eliminaba las excepciones al delito del aborto por riesgo a la vida de la mujer o niña embarazada o por violación. Con Ortega se daba así la vuelta a la despenalización de 1837.
Desde entonces, Nicaragua es uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe el aborto del todo y, como El Salvador, criminaliza los casos espontáneos.
Según la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe es la segunda región con la segunda mayor tasa de embarazo adolescente, estando Nicaragua entre el primer y segundo puesto en los últimos años y siendo las menores las víctimas más frecuentes de violencia sexual.
Las mujeres ante el recrudecimiento de la represión política
Ana Quirós nació en Costa Rica, pero vivió en Nicaragua hasta que el Gobierno Ortega-Murillo la obligó según su testimonio a salir del país y le quitó la nacionalidad en 2018 después de treinta años. Como directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), una organización sin ánimo de lucro, fue una de las primeras personas agredidas por la policía en las protestas en abril contra la reforma de la seguridad social.
Reconocida defensora de derechos humanos, ha sido testigo de cómo el Gobierno Ortega-Murillo se ha ensañado con las mujeres. Salvo la participación política, dice, “todo lo demás ha sido retroceso”, en referencia a la ley de violencia de género y a la desprotección de las víctimas de violencia machista, pero también a la supresión de las comisarías de la mujer que existían desde los años noventa en la Policía o a la persecución particular a organizaciones de mujeres. Incluso al Cisas, recuerda, le quitaron la personería jurídica en 2018, y a ella la expulsaron el 26 de noviembre, entre otras, por haber hecho convocatoria para el Día de Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer previo.
“Hubo una actuación especialmente violencia en contra de las mujeres en el marco de las protestas de 2018 en adelante”, asegura. “Muchas de las mujeres apresadas en [...] esas movilizaciones sufrieron de abusos y de violaciones, estando tanto dentro de las cárceles y estaciones de policía como en otras instalaciones que no eran de carácter penitenciario o penal”, como ya han denunciado otros organismos como el Colectivo de Derechos Humanos. Los agresores de estas mujeres, aparte de los de la violencia machista en general, irían desde las fuerzas armadas hasta militantes del Frente Sandinista miembros de grupos paramilitares.
Por su parte, cuenta Quirós, mientras que el Gobierno mantiene catorce presas políticas, siete en la cárcel de El Chipote, de donde se han denunciado torturas, y cuatro de ellas en aislamiento, organizaciones como la Articulación Feminista de Nicaragua, la Asociación Madres de Abril o la Red de Mujeres contra la Violencia “trabajan de manera casi clandestina” o desde el exterior. Las dos primeras, de hecho, recibieron en octubre un premio a la defensa de las mujeres por parte del Ayuntamiento de Bilbao, en España.
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En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer en 2018, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que “conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo”. Además, según su descripción como el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad de género “no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.
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