![ARCHIVO - Familiares de presos políticos en Nicaragua piden la liberación de sus seres queridos. [Foto: VOA / Houston Castillo]](https://gdb.voanews.com/c2eb0000-0aff-0242-e62f-08d9eaf03b5b_w250_r1_s.jpg)
Un día después de que la esposa del nicaragüense Félix Maradiaga dijera a los periodistas que su marido había perdido casi 30 kilos en un año de cárcel y que temía por su salud, el gobierno del presidente Daniel Ortega llevó al exaspirante a la presidencia ante las cámaras.
Maradiaga estaba delgado pero parecía caminar y hablar sin dificultad. Fue condenado a 13 años de prisión en marzo y no había sido visto públicamente desde su detención en junio de 2021.
En Nicaragua hay cerca de 190 presos políticos, entre ellos otros seis que podrían haber disputado la presidencia a Ortega en noviembre, según grupos de derechos humanos. Ninguno de ellos había sido visto en imágenes o video desde su arresto hasta la breve comparecencia de Maradiaga en el juzgado el sábado.
“El gobierno montó un show, una escena de tortura pública (de Maradiaga) transmitida en vivo a la población” con el objetivo de infundir terror entre los nicaragüenses, dijo en entrevista con AP la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
A más de cuatro años de la rebelión cívica de abril de 2018, familiares de los reos dijeron en una rueda de prensa virtual que el gobierno los está “matando poco a poco”, al mantenerlos incomunicados, en condiciones insalubres, con mala alimentación y poca atención médica.
Su situación es “de las peores que he visto durante mi carrera”, declaró Jared Genser, abogado internacional de ambos opositores en la misma conferencia.
Berta Valle, esposa de Maradiaga, reiteró que los presos tampoco tienen acceso a material de lectura ni a la visita de sus hijos menores de edad, lo que calificó de “tortura blanca”.
Victoria Cárdenas, esposa del exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, también preso desde hace casi 400 días, instó al gobierno a “que abra las cárceles y muestre a las personas presas políticas”. Tanto ella como Valle están exiliadas en Estados Unidos, pues el gobierno ordenó su captura tras haber denunciado el arresto de sus maridos.
Por su parte, Renata Holmann, hija del periodista y gerente del clausurado diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann, dijo que su padre padece enfermedades crónicas y otras adquiridas en prisión.
“Los están matando poco a poco, día a día. El deterioro físico los ha dejado completamente irreconocibles”, expresó la joven y afirmó que está “sumamente angustiada” pues teme que su padre muera en la cárcel a la que entró en agosto.
![Policías impiden cobertura periodística durante el allanamiento a la casa de la opositora Cristiana Chamorro en 2021. [Foto archivo, VOA]](https://gdb.voanews.com/10070000-0aff-0242-c7c1-08da5a84a90e_w100_r1.jpg)
En mayo de 2019 el opositor Eddy Montes fue asesinado por un guardia de seguridad en la cárcel Modelo, al norte de Managua, y en febrero el exguerrillero sandinista Hugo Torres murió tras padecer una enfermedad sobre la cual el gobierno no dio detalles.
Según Núñez, Ortega ha impuesto un “limbo informativo” entre los reos y sus familiares, lo cual “crea más desesperación y angustia y es una nueva forma de represión”.
Núñez, que estuvo presa bajo el régimen del dictador Anastasio Somoza en la década de 1970, aseguró que el trato que recibió entonces en la cárcel “no se compara con las condiciones infrahumanas” que sufren estos prisioneros.
La jurista, de 84 años, es la única defensora de derechos humanos que sigue en Nicaragua, ya que el resto de sus colegas debió exiliarse por presiones y amenazas. El Cenidh fue clausurado y sus bienes confiscados por el gobierno en 2018.
En Nicaragua “existe un miedo generalizado de hablar y denunciar” lo que hace el gobierno, dijo la defensora. Pero “aquí seguiremos y no nos van a callar”, agregó.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un grupo civil ligado a la oposición, hasta el 30 de junio pasado había en Nicaragua 190 reos de conciencia, de ellos 180 arrestados desde 2018. Del total 18 son mujeres, cuatro de ellas bajo aislamiento total.
El gobierno de Ortega no ha dado cifras de encarcelados y asegura que en el país no existen presos políticos y que los detenidos son “delincuentes y terroristas”.
Núñez dijo que la represión también la sufren al menos una docena de reos de conciencia bajo arresto domiciliario por problemas de salud o por edad avanzada, ya que efectivos de la policía permanecen dentro de sus viviendas y a sus familiares se les restringe la comunicación con el exterior.
“La familia también se convierte en secuestrada”, señaló.
Una comisión de diputados de partidos de izquierda latinoamericanos llegó a Costa Rica el miércoles con la pretensión de entrar el viernes a Nicaragua para constatar la situación de los presos. El gobierno de Ortega no se ha hecho declaraciones sobre la visita.
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