Como parte del eje de prioridades de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende reformar 33 leyes en su mayoría de índole económica y que según algunos expertos afectarán directamente al sector privado del país.
El exdirector general del Banco Centroamericano de Integración Económica y empresario, Róger Arteaga, aseguró que el gobierno busca obtener más recursos para sostener el gasto público y además cuestionó que el Estado trate de utilizar medidas económicas para resolver una crisis que “a todas luces” es política.
“Es una decisión desacertada porque va en contra de las políticas económicas que hemos estudiado y conocido en otros países, es extemporánea porque se esta dando en un momento que la economía está en recesión y eso va a profundizar más la recesión económica, y en tercer lugar hay que ver que es una medida recaudatoria, es para tener más ingresos”, afirmó Arteaga.
Por segundo año consecutivo, en 2020 se espera una reforma a la Ley de Concertación Tributaria y además otras sensibles para el sector privado como la Ley de Producción de Granos Básicos; la de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Inversiones Extranjeras así como la Ley de Fomento al Sector Forestal y la de Ley de Vivienda de Interés Social.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras defendió estas iniciativas.
“Tiene que haber una racionalidad en esto, porque es a través de los impuestos que se logra hacer el desarrollo de un país, el desarrollo del sistema de salud, el de la educación y tenemos que hacer racional este sistema de exoneraciones”.
El presidente Daniel Ortega había advertido a los empresarios que no se involucraran más en política, por lo que algunos analistas consideran que estas medidas también son en represalia contra el sector privado que ha participado activamente en las protestas sociales en el país.
