En Nicaragua, fuerzas del gobierno intensificaron la represión contra manifestantes que protestan desde hace dos días las reformas anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega al sistema de pensiones, que aumentan los pagos de cuotas de trabajadores y empleadores.
La violencia de los enfrentamientos habría hecho que el gobierno ordenara un toque de queda a partir de las 10 de la noche del jueves, y así mismo un racionamiento de la energía eléctrica, informaron a la VOA, fuentes en Nicaragua.
Manifestantes, en su mayoría estudiantes y ancianos, se enfrentaron a fuerzas antimotines en Managua, mientras el gobierno mandó a cerrar cuatro canales privados de televisión por informar de los choques. Se desconoce el número de heridos, pero hacia el mediodía reportes informaban de al menos 20 lesionados.
Una cuenta en Twitter, llamada NicaraguaSOS (@SOSISSnica) denuncia las agresiones e invita a la protesta ciudadana, con plantones y cacerolazos.
A través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), el gobierno de Ortega ordenó a todas las cableras censurar la señal de los canales 12, 23, 51 y 100% Noticias, que habían estado transmitiendo en vivo los enfrentamientos.
La señal de Canal 12, retornó eventualmente pasadas las 7 de la noche.
Las autoridades religiosas, tanto católicas como evangélicas hicieron un llamado a la paz y al diálogo. En el Canal 12, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, invitó a la no confrontación. Pidió usar canales cívicos, y al gobierno respetar el derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica. A la población el cardenal exhortó a usar el diálogo.
Anteriormente, monseñor Silvio José Báez, miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de Nicaragua llamó al gobierno a no censurar el internet, como se especula en redes sociales.
“Censurar la información no es el camino mejor para superar un conflicto social, yo creo que evitando que la información llegue al pueblo, se crea mas incertidumbre, surgen rumores, noticias falsas y esto hace que la ansiedad y la incertidumbre crezca”, señaló Báez, citado en la página web del diario La Prensa.
Las noticias recogidas de medios de prensa y redes sociales indicaban que hacia el final de la tarde del jueves habían decenas de heridos y daños en universidades y comercios locales.
En la Universidad Agraria, donde se reportaron fuertes enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del gobierno, habría heridos de gravedad, indicaba un periodista en Canal 12. Al menos un periodista también resultó herido, y varios atacados, según informó el diario El País de España.
Amnistía Internacional defendió el derechos de los nicaraguenses a la protesta. En un comunicado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los "brutales ataques...representan un intento flagrante e inquietante de restringir sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica".
El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, se hizo eco del llamado a la calma del cardenal Brenes, tanto a la población para que proteste pacíficamente como al gobierno para que respete el derecho a la concentración, a la manifestación, y a la manifestación pública y pacífica.
La Embajada de Estados Unidos en la capital nicaraguense cerró sus puertas pasado el mediodía del jueves y alertó a los estadounidenses en el país a tomar precauciones, permanecer alejados de las áreas de protesta, tomar precauciones, monitorear los medios locales para estar al tanto de los acontecimientos y mantener un bajo perfil.
La misión diplomática informó que por el momento ofrecerá solo servicios consulares de emergencia.
Las protestas convocadas por universitarios, jubilados y vecinos comenzaron la mañana del jueves en las cercanías de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, y al promediar la tarde se extendieron a otros recintos y ciudades del país, indican reportes.
La Cruz Roja de Nicaragua, ratificó en su cuenta de Twitter que si está socorriendo a los heridos en las protestas, luego de que usuarios en las redes denunciaran que tanto los bomberos como la Cruz Roja habían recibido órdenes del gobierno de no atender a los manifestantes heridos.
Las reformas siguen una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La vicepresidenta del país y esposa del mandatario Daniel Ortega, Rosario Murillo, justificó la represión contra lo que llamó "minúsculos grupos" como legítima defensa.
En Masaya, ciudad bastión del movimiento sandinista que llevó a Ortega a la presidencia, también se produjeron enfrentamientos y un centenar de personas que marchaban fueron agredidas con palos por partidarios del gobierno.
