El secretario general de la ONU, António Guterres, sigue muy preocupado por la situación por la que atraviesa Nicaragua y el martes señaló que las recientes acciones emprendidas contra la oposición política en ese país ponen en duda la legalidad de las próximas elecciones.
De acuerdo con Guterres, dichos acontecimientos “socavan gravemente” la confianza del público en el proceso democrático.
Las declaraciones del jefe de Naciones Unidas se dan un día después que cuerpos de seguridad de Nicaragua dieran a conocer que el exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz, fue arrestado, elevando el número de opositores al presidente Daniel Ortega tras las rejas a 32 a tres meses para las elecciones presidenciales.
Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, dijo en conferencia de prensa que éste hacía una llamada al Gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente” sus obligaciones en materia de derechos humanos y exigía “liberar inmediatamente a los líderes políticos” y a “restituir sus derechos”.
La ONU volvió a apelar porque en Nicaragua se implementen medidas que sienten las bases de un “proceso electoral creíble e inclusivo en noviembre”.
Daniel Ortega, quien busca un cuarto mandato -el tercero consecutivo- con su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido acusado por líderes opositores y la comunidad internacional de eliminar a sus competidores a medida que se acerca el balotaje.
Tanto él como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien es su compañera de fórmula, ya no tienen ningún candidato viable frente a ellos.
Entre los 32 opositores detenidos hay siete candidatos potenciales.
El proceso para sacar de la contienda a cualquier candidato de la oposición comenzó el 2 de junio pasado con la puesta bajo arresto domiciliario de Cristiana Chamorro, la rival más creíble de la pareja presidencial, y quien es hija de Violeta Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en las urnas en 1990 y presidenta hasta 1997.
Washington y la Unión Europea han sancionado al gobierno de Ortega, para protestar contra la represión que ha mantenido contra sus opositores desde que estallaron las protestas antigubernamentales en 2018.
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