Varias organizaciones y 16 expertos en genocidio están exhortando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar la campaña de China con las minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y desarrollar estrategias para poner fin a violaciones que ellos consideran actos de genocidio.
La iniciativa fue presentada en una carta abierta enviada el martes y firmada por el Proyecto de Derechos Humanos Uigur, Genocide Watch, el Centro Europeo de Responsabilidad para Proteger, y otros grupos e individuos.
La misiva alega que el gobierno chino ha usado la cubierta de combatir el extremismo religioso y político para sus políticas sistemáticas de represión contra los uigures y otras minorías.
Cita entre ellas la detención de entre un millón y 1,8 millones de personas en campos de internamiento, desapariciones forzadas, destrucción de sitios culturales, trabajo forzado y prevención coercitiva de la natalidad.
Los activistas piden a la comunidad internacional usar “la diplomacia, medios humanitarios y otros mecanismos pacíficos” para responder a los crímenes que se denuncian.
Peter Irwin, un oficial del Proyecto Derechos Humanos Uigur, con sede en Washington, expresó a la Voz de América su convencimiento de que hay suficiente información para crear una comisión investigadora por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“No sería una comisión sin precedentes. La ONU crea estos cuerpos regularmente para recabar información y analizar y reportar violaciones de las leyes internacionales”, dijo Irwin.
Actualmente existen ocho comisiones de ese tipo en la ONU, entre ellas una que se abrió el mes pasado para investigar denuncias de violaciones en Libia.
Irwin dijo que una propuesta para investigar las denuncias en Xinjiang ha sido ignorada debido a la oposición de China y su capacidad para influir en el voto en contra de sus aliados.
China rechaza acusaciones
El gobierno chino ha rechazado las acusaciones de abusos a los derechos humanos en Xinjiang argumentando que solo mantiene allí una campaña de “centros de transformación a través de la educación”.
Las autoridades chinas identifican los campos como instalaciones de “entrenamiento vocacional” para personas que estuvieron expuestas a “ideas de extremismo y terrorismo”, y además dicen que los campos enseñan a las personas habilidades que necesitan para aspirar a nuevos trabajos.
Kyle Matthews, director ejecutivo del Instituto Montreal para Estudios de Genocidio y Derechos Humanos en la Universidad Concordia de Canadá, dice que es difícil ignorar esta carta de los activistas de prevención de genocidio.
"Su significado es que la mayoría de los signatarios son académicos e instituciones de universidades enfocados exclusivamente en la prevención y el castigo de crímenes atroces, como el genocidio”, explicó.
"Ninguna cantidad de recursos diplomáticos ni desinformación pueden borrar el hecho de que los signatarios de la carta son expertos que hablan con veracidad”, agregó.
La región de Xinjiang está situada en el occidente de China y tiene fronteras con ocho países. Su territorio es una sexta parte de China y según la cancillería china en ella viven 12 millones de uigures.
Naciones Unidas ha pedido en el pasado “acceso sin restricciones” a Xinjiang para investigar las denuncias. China ha dicho que recibiría a los representantes de la ONU, pero solo bajo la condición de que no interfieran en los asuntos internos del país.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo el lunes que estaba discutiendo una posible visita a la región con las autoridades chinas.
