La Corte Suprema de Bielorrusia condenó el martes a un precandidato opositor presidencial a 14 años de cárcel por corrupción, un cargo que éste rechaza por obedecer a motivos políticos.
Viktor Babariko, titular de un banco comercial propiedad de la empresa rusa de gas natural Gazprom, esperaba presentarse contra el presidente Alexander Lukashenko el año pasado, pero lo arrestaron antes de la elección de agosto y le prohibieron registrarse como candidato.
Se le consideraba el rival principal de Lukashenko y su arresto provocó manifestaciones multitudinarias.
El martes, la Corte Suprema declaró culpable a Babariko de sobornos y lavado de dinero, lo condenó a 14 años de prisión y una multa de unos 57.000 dólares.
Babariko, que fue presidente del Belgazprombank, está preso desde su arresto inicial. Asegura que las acusaciones obedecen a motivos políticos.
“No puedo declararme culpable de crímenes que no cometí”, dijo Babariko a la corte antes de que se pronunciara el veredicto. “Puedo decirles desde esa jaula que no siento vergüenza por mi vida ante la gente que conocí”.
La embajada de Estados Unidos calificó el veredicto de “farsa cruel” y dijo por Twitter que “el régimen [de Lukashenko] no se detendrá ante nada para conservar el poder”.
La reacción generalizada a la reelección de Lukashenko a un sexto período fue que se trató de una elección amañada y provocó meses de protestas. Las autoridades respondieron con una represión masiva en la que arrestaron a más de 35.000 personas, miles de las cuales sufrieron golpizas. Varios dirigentes opositores fueron encarcelados u obligados a abandonar el país.
La Unión Europea y Estados Unidos han respondido con sanciones al régimen, que endurecieron después que Bielorrusia desvió un avión de pasajeros el 23 de mayo para arrestar a un periodista opositor.
En Bruselas, el vocero de la Comisión Europea, Peter Stano, dijo que “la condena [de Babariko] es uno de al menos 125 veredictos injustos y arbitrarios de las cortes bielorrusas en juicios con motivos políticos, realizados frecuentemente a puertas cerradas y sin el debido proceso legal”.
