Manifestantes en Myanmar marcharon en varias ciudades el lunes desafiando una represión mortal el domingo.
Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes en Rangún el lunes, un día después de que 18 personas en Myanmar murieran y más de 30 resultaron heridas en el día más mortífero de manifestaciones desde el golpe militar del 1 de febrero, según la Oficina de Derechos de la ONU.
En la ciudad de Dawei, en el sureste del país, donde se informó que varias personas murieron el domingo, los manifestantes regresaron a las calles el lunes, pero en menor número.
También el lunes, la líder de facto derrocada de Myanmar, Aung San Suu Kyi, compareció por videoconferencia en un tribunal de la capital, Naipyidó. Fue su primera aparición pública desde que ella y otros miembros del gobierno civil de Myanmar fueron destituidos y detenidos por el ejército.
Un abogado de la líder de 75 años dijo que se veía bien. El abogado dijo que los fiscales la acusaron de dos nuevos delitos durante la sesión del tribunal: intentar incitar al malestar público y violar una sección de la ley de telecomunicaciones con respecto a la operación de equipos sin licencia.
Suu Kyi ya fue acusada de importar y usar ilegalmente seis radios walkie-talkie no registrados que se encontraron durante una búsqueda en su casa y de violar la ley de desastres naturales del país al realizar reuniones públicas en violación de los protocolos COVID-19.
Estados Unidos y otras naciones occidentales han exigido su liberación, así como la de sus lugartenientes y han pedido a la junta que restaure el poder al gobierno civil.
En otro hecho, el lunes, el general en jefe Min Aung Hlaing dijo durante un discurso en la televisión estatal que los líderes de la protesta y los "instigadores" serían castigados. Dijo que el ejército también está investigando el abuso financiero por parte del gobierno civil.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que los recientes asesinatos de manifestantes en Myanmar "representan una escalada" de la situación allí y señaló que la administración Biden estaba preparando "más costos para los responsables".
La nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, instó a la comunidad internacional el lunes a "aumentar la presión" sobre las fuerzas armadas de Myanmar y dijo que espera utilizar la presidencia de Washington en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo para impulsar más "discusiones" sobre Myanmar, antes llamado Birmania.
"Está claro que el mundo está observando la situación en Birmania, y está claro que no podemos quedarnos quietos y ver cómo se sigue maltratando a la gente y se destruyen sus derechos humanos", dijo.
En un tuit el domingo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, apuntó: "Condenamos la aberrante violencia de las fuerzas de seguridad birmanas contra el pueblo de Birmania y continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de los responsables".
El secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo el lunes que Gran Bretaña también está considerando nuevas acciones contra Myanmar.
"Continuaremos analizando cómo hacemos que los miembros individuales del régimen rindan cuentas", dijo a los periodistas en Londres. "También estamos buscando empresas de este país que hagan negocios con cualquiera de las empresas en Myanmar que están controladas por el ejército".
Las Naciones Unidas dijeron el lunes que si se han cometido crímenes internacionales graves en Myanmar, investigaría. Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar, dijo que si se ha violado el derecho internacional, "crearemos archivos de casos para facilitar los juicios penales y hacer que los responsables rindan cuentas en los tribunales internacionales, regionales o nacionales".
