El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.963 protestas en abril de 2019, equivalente a un promedio de 65 diarias, según el más reciente informe divulgado por el grupo independiente.
La cifra representa un incremento de 47% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El texto indica que "las manifestaciones ciudadanas siguen aumentando en todo el país, en rechazo al colapso y precariedad de los servicios básicos y exigiendo un cambio político que permita recuperar la democracia y superar la emergencia humanitaria compleja que se agudiza con el pasar de los días".
Los manifestantes salieron espontáneamente a las calles o atendiendo a convocatorias políticas para mostrar rechazo al estado de cosas que afecta al país.
El informe indicó que los cinco estados con mayor índice de protestas fueron: Lara (297), Miranda (255), Trujillo (113), Zulia (110) y Táchira (100).
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Además, explicó que los hechos en abril se caracterizaron por "la persistencia de represión, control político y amedrentamiento contra los manifestantes".
Comentó sobre el "uso de grupos de exterminio para reprimir y sembrar terror, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), algunas policías municipales y estadales, así como colectivos paramilitares".
Víctimas
El informe asegura que entre el 30 de abril y la primera semana de mayo de 2019 la acción represiva del gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra los venezolanos "dejó un saldo lamentable de 7 manifestantes asesinados, de los cuales 3 eran menores de edad, y al menos 346 heridos de bala, perdigones e inhalación de gases lacrimógenos".
El gobierno en disputa no suele entregar información de este tipo.
La crisis para el acceso al agua potable, la electricidad y el gas están en el centro del descontento y las protestas de los venezolanos.
El texto también se refirió a lo que cataloga como "cerco mediático contra el libre acceso a internet, telefonía móvil y fija".
También al "bloqueo sistemático y continuo a medios de comunicación, acompañado de persecuciones y ataques contra los trabajadores del gremio. Cierre de medios radiales, que suelen tener mayor acceso en zonas de escasos recursos".
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Sobre el respaldo a Guaidó
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social resaltó en su informe el respaldo popular a la gestión de Guaidó, quien con frecuencia convoca a los venezolanos en su plan de que cese el mandato de Maduro como parte de la agenda que busca elecciones libres.
El OVCS documentó 677 manifestaciones para exigir solo derechos políticos, principalmente cambio de gobierno y respaldo a las acciones de Guaidó y de la Asamblea Nacional (AN).
Los ciudadanos también exigieron sus derechos políticos durante otras 547 protestas vinculadas a servicios básicos, derechos laborales, derecho a la alimentación o derecho a la salud, dijo el informe.
"La población se ha manifestado de manera constante en asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle y cacerolazos su rechazo a Nicolás Maduro, responsabilizándolo por la crisis económica, las dificultades de acceder a alimentos y medicinas, y los problemas de servicios públicos", valoró el texto.
Mencionó también la fallida acción del pasado 30 de abril, que pese a que no consiguió su objetivo, al menos, -valoró-, recibió el apoyo de numerosos ciudadanos en el país, integrantes de partidos políticos, funcionarios militares y de diversas instancias internacionales y gobiernos de otros países.
"Ese día el OVCS registró manifestaciones de apoyo popular a la Operación Libertad en los 23 estados y el Distrito Capital", dijo el grupo.
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El Observatorio exige
El OVCS reiteró en abril sus exigencias, que incluyen el paso a "un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes".
Además pide que se adelanten investigaciones pertinentes, "de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas".
A su vez, ha dicho que es preciso frenar "la orden dada a cuerpos de seguridad y de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad".
También fustigó el quehacer de los llamados colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad "no facultados para ejercer funciones de control de orden público".
El grupo recordó el artículo 68 de la Constitución: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
