El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que pide al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que trabaje con la oposición para establecer fechas para elecciones anticipadas en el país centroamericano azotado por la violencia.
La organización regional con sede en Washington también reiteró su condena a "todos los actos de violencia, represión y violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros".
Unas 280 personas han muerto en tres meses de disturbios contra Ortega y su gobierno de izquierda.
Antes de la reunión en la OEA el miércoles, el embajador de EE.UU. Carlos Trujillo, escribió en su cuenta de Twitter que la resolución condena “el genocidio y la violencia liderados por Ortega”.
Paula María Bertol, embajadora de argentina ante OEA, dijo a la Voz de América, que aplaude la resolución sobre Nicaragua, argumentando que el actual gobierno "tiene la responsabilidad sobre el uso de la fuerza".
De acuerdo a información publicada en el diario La Prensa, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, señaló que se contaría con 21 votos para aplicar una resolución de condena al gobierno Ortega-Murillo, por violación a los derechos humanos, por el uso de policías y paramilitares en contra de los ciudadanos que protestan pacíficamente, reclamando democracia y la salida del poder de la pareja presidencial.
Sin embargo, los votos de acuerdo con el diplomático dependían del quorum en la participación de los países miembros, “pero la condena por violaciones a los derechos humanos contra Ortega es irreversible”.
Según el exdiplomático, de los 34 países miembros, 21 ya habrían confirmado su aprobación a la resolución contra la administración Ortega-Murillo.
Respuesta del gobierno de Nicaragua
El martes 17 de julio, el embajador orteguista ante la OEA, Luis Alvarado, emitió una contrapropuesta de resolución favorable a Ortega.
El proyecto de resolución se titula “Restitución de la paz en Nicaragua” y fue enviado a Rita Hernández Bolaños, representante permanente de Costa Rica, para que fuera distribuido entre las misiones presentes en la organización.
Contrario a la propuesta de resolución de condena a Nicaragua, el documento de Ortega llama a los países miembros a condenar “que los grupos opositores golpistas utilicen el Diálogo Nacional promovido por el Gobierno de Nicaragua, para tratar de legitimar sus acciones criminales contra la población civil y policías, coludidos con grupos internacionales de crimen organizado y terroristas, para desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
