El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó este martes el informe de su secretario general, José Miguel Insulza, en el que recomendó no expulsar a Paraguay de esa organización por la destitución de Fernando Lugo.
Insulza dijo que la OEA no debería tomar el camino de sanciones ni condenas, como lo han hecho Unasur y el Mercosur, ya que eso causaría "divisiones" y "sufrimiento innecesario" al pueblo de ese país, sino el de acompañar a Paraguay a superar la situación política actual.
"No olvidemos que existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar", advirtió Insulza.
A cambio, el secretario general recomendó aprobar un plan de tres puntos que incluye, permitir que se lleve a término el proceso judicial que ha iniciado el ex presidente Lugo y que podría terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana; fortalecer la gobernalidad en Paraguay, promoviendo el diálogo y la reforma política; y finalmente, asegurar que las elecciones programadas para dentro de 10 meses se lleven a cabo de manera transparente.
El 22 de junio, el senado de Paraguay resolvió destituir a Fernando Lugo y sustituirle con su vicepresidente Federico Franco, en un expedito juicio político que levantó los reclamos de la comunidad internacional por la rapidez con que se hizo y por las pocas posibilidades que tuvo el ex presidente Lugo para defenderse.
Eventuales medidas
La OEA puede decidir entre varias posibilidades que van desde un simple "tomar nota" del informe del secretario general, lo cual implicaría una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo gobierno de Franco, aceptar el plan propuesto por Insulza, o aceptar la expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
Pero las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, Canadá, México y Haití, entre otros, dejaron ver que el siguiente paso será tomar en consideración el informe del secretario general, someterlo a la consideración de las capitales en cada uno de los países miembros y volvese a reunir "en el plazo más breve posible" en un nuevo Consejo Permanente para tomar la decisión de convocar a una sesión extraordinaria de cancilleres.
La misma posición tomaron los representantes de Argentina, Venezuela y Brasil, aunque éstos adelantaron que de haber asamblea extraordinaria mantendrán en ella las posturas que sostuvieron en el Mercosur y Unasur.
El representante de Brasil Breno Dias de Costa dijo que la OEA "está a prueba" porque "no podemos transmitir el mensaje de que una ruptura del orden democrático sea considerada como algo trivial".
Pero Insulza recordó que la OEA ha enfrentado en el pasado casos similares en Ecuador, Nicaragua y Argentina, sin que se haya tomado medidas drásticas como la expulsión.
Insulza dijo que la OEA no debería tomar el camino de sanciones ni condenas, como lo han hecho Unasur y el Mercosur, ya que eso causaría "divisiones" y "sufrimiento innecesario" al pueblo de ese país, sino el de acompañar a Paraguay a superar la situación política actual.
"No olvidemos que existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar", advirtió Insulza.
A cambio, el secretario general recomendó aprobar un plan de tres puntos que incluye, permitir que se lleve a término el proceso judicial que ha iniciado el ex presidente Lugo y que podría terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana; fortalecer la gobernalidad en Paraguay, promoviendo el diálogo y la reforma política; y finalmente, asegurar que las elecciones programadas para dentro de 10 meses se lleven a cabo de manera transparente.
El 22 de junio, el senado de Paraguay resolvió destituir a Fernando Lugo y sustituirle con su vicepresidente Federico Franco, en un expedito juicio político que levantó los reclamos de la comunidad internacional por la rapidez con que se hizo y por las pocas posibilidades que tuvo el ex presidente Lugo para defenderse.
Eventuales medidas
La OEA puede decidir entre varias posibilidades que van desde un simple "tomar nota" del informe del secretario general, lo cual implicaría una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo gobierno de Franco, aceptar el plan propuesto por Insulza, o aceptar la expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
Pero las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, Canadá, México y Haití, entre otros, dejaron ver que el siguiente paso será tomar en consideración el informe del secretario general, someterlo a la consideración de las capitales en cada uno de los países miembros y volvese a reunir "en el plazo más breve posible" en un nuevo Consejo Permanente para tomar la decisión de convocar a una sesión extraordinaria de cancilleres.
La misma posición tomaron los representantes de Argentina, Venezuela y Brasil, aunque éstos adelantaron que de haber asamblea extraordinaria mantendrán en ella las posturas que sostuvieron en el Mercosur y Unasur.
El representante de Brasil Breno Dias de Costa dijo que la OEA "está a prueba" porque "no podemos transmitir el mensaje de que una ruptura del orden democrático sea considerada como algo trivial".
Pero Insulza recordó que la OEA ha enfrentado en el pasado casos similares en Ecuador, Nicaragua y Argentina, sin que se haya tomado medidas drásticas como la expulsión.
