Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia denuncia que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron.
Louza asegura que, en esas sentencias, “ hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas. Juicios que adolecen del debido proceso” y agrega que existen fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida.
La ONG denuncia que todos los diputados han sido víctima de alguna persecución, pero destaca, como más grave, las sentencias sin base jurídica.
También denunció lo que considera el exterminio de los partidos políticos a través de sentencias. Dice Louza que de 67 partidos políticos que había para 2015, solo quedan 18, 12 progobierno y seis de la oposición.
En representación del gobierno del presidente Interino, Juan Guaidó, se presentó el embajador Gustavo Tarre, quien respaldó las denuncias de la ONG y pidió que la CIDH acelere los procesos contra los violadores de derechos humanos en Venezuela para que puedan ser llevados ante la Corte Penal Internacional.
"La violación de los derechos humanos no alteran el deber del estado venezolano de prevenir, reparar integralmente las violaciones", dijo Tarre, quien agregó que se persistirá exigiendo incluso ante el régimen y cualquier funcionario público su "respeto y garantía".
Agregó, además, que una vez cese la usurpación, se dará estricto cumplimiento de las obligaciones, respecto a la legislación venezolana y los tratados internacionales. Y el regreso al sistema interamericano de DDHH y apoyo al fortalecimiento de la CIDH.
Reiteró la invitación al CIDH para que visiten su país, por primera vez, después de casi 20 años. Y pidió, además, que cuando llegue el nuevo mandato, se comisión "mantenga la misma vigilancia que han ejercido hasta ahora".
Flavia Piovesan, comisionada de la CIDH, resaltó en la audiencia que existe un cuadro de "extrema gravedad" y enfatizó en que la "fuerza motriz en la organización es la sociedad civil organizada".
Reiteró, además, que la comisión está comprometida con la situación de Venezuela: "Nuestro mandato con todos los mecanismo, herramientas que tenemos, otorgando medidas cautelares, haciendo informes, pronunciamientos con condenas categorizadas", entre otros.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, propuso, por su parte, en avanzar en medidas que garanticen en el futuro la no repetición.
Por ejemplo, "la derogación de los delitos de infamación e injuria. El caso del profesor Tulio Álvarez, condenado a 4 años de prisión, con base a una figura ambigua, arbitraria. Se podría suprimir los delitos usados por el régimen".
La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH también se pronunció y dijo que la comisión cuenta con un equipo altamente especializado para hacer seguimiento y desplazamiento a los países donde se encuentra la diáspora venezolana, para recoger testimonios.
A la audiencia, además de Luoza, acudieron dos representantes más de la sociedad civil, quienes hicieron un llamado a fortalecer la protección, el reiterar la solicitud de medidas cautelares y trabajar conjuntamente con instituciones como de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
