Seis organizaciones sociales documentaron más de 3.100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.
El informe elaborado por Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AMATE y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló haber documentado 3.186 casos desde el 27 de marzo al 31 de julio.
De acuerdo con las denuncias, más del 86% de los detenidos son hombres de entre los 18 y 30 años, pero también se han identificado 12 mujeres trans y tres hombres trans.
En una conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones denunciaron además que en abril las autoridades de seguridad divulgaron las fotografías de dos mujeres trans detenidas, con el torso desnudo y sin usar el nombre con el que se identifican.
El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele, tras una ola de crímenes que sacudió al país.
Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Las medidas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones llamaron al Estado salvadoreño a que vele por los derechos de las personas detenidas, respete y resguarde las identidades de género de las personas trans, cumpla con el debido proceso e investigue los casos con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, reveló que investigan 17 muertes de reos en el interior de centros penales, pero adelantó que tiene información de que “las muertes de esas personas se deben a complicaciones de salud preexistentes al momento de la captura”.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó que ha abierto 28 expedientes para investigar las muertes de privados de libertad durante el régimen de excepción.
Desde que se aprobó el estado de excepción, las fuerzas de seguridad han arrestado a 51.241 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.
El Ministerio Público informó que los jueces han decretado la detención provisional de 45.849 supuestos pandilleros o colaborares.
Las pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y las empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Entre el 1 de enero y el 30 de agosto, la policía registró 514 homicidios, un 34% menos que los 781 contabilizados en idéntico período de 2021, y los empresarios del transporte público aseguraron que desde que se implementó el régimen de excepción las extorsiones han bajado en un 95%. Afirman que pagaban a las pandillas entre 12 y 35 millones de dólares al año.
En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaborares de esos grupos.
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