La Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó una resolución en la que dictamina que el Estado venezolano debe liberar de inmediato al líder opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde el pasado 18 de febrero
“La detención del señor Leopoldo López constituye una detención arbitraria”, precisa la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
La instancia de Naciones Unidas recomienda además al gobierno venezolano que “se le otorgue una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y moral, así como las medidas de satisfacción como pudiera ser una declaración pública de desagravio en su favor”.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, dijo en primicia a la Voz de América que, con esta decisión, el diputado “debe ser liberado y esa liberación debería ocurrir el próximo 14 de octubre”.
Gutiérrez explicó que este jueves acudirá al tribunal a incorporar al expediente la resolución de ONU y, a partir de ese momento, el juzgado tiene tres días hábiles para decidir su liberación.
“El 14 de octubre Leopoldo López debería quedar en libertad, ese día coincide además con la fecha de audiencia de juicio. Si se configura una detención arbitraria en un caso, como lo ha hecho el Comité de la ONU, el juez que conozca la causa debe hacer cesar esa detención, porque si no también es responsable de violar las leyes internacionales”, dijo Gutiérrez.
El Estado venezolano tiene la obligación de cumplir esa instrucción, añadió el abogado.
“Es una posición positiva para nosotros. Califica como arbitraria la detención ante los hechos que se le imputan que son la expresión de su palabra y su pensamiento. Esa detención infringe normas de protección de derechos humanos”, dijo.
Sin embargo, Gutiérrez sabe que los antecedentes del ejercicio de la justicia en Venezuela ponen en duda el acatamiento de la resolucón de la ONU por parte del Estado, aunque consideró que no aplicar la medida puede ir en contra de los intereses del gobierno.
“Pero el Estado venezolano, próximo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene derechos y deberes internacionales y dentro de los mismos está el deber de acatar esta decisión. Entraría con un mal pie al Consejo si Venezuela no la acata”, concluyó.
