A pocos días de las elecciones generales en Honduras, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó su profunda preocupación por el ambiente político polarizado y sin garantías electorales que vive ese país.
“Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes. Condeno todos los actos de violencia y llamo a los actores involucrados a compartir sus opiniones y preocupaciones de manera pacífica. La violencia no es, y nunca debería ser, la respuesta”, fue el mensaje de Bachelet, transmitido por su vocera Marta Hurtado.
Honduras, que celebrará el domingo 28 de noviembre elecciones locales, generales y presidenciales -donde podrán emitir el sufragio unos 5,1 millones ciudadanos- vive un ambiente polarizado y de alta tensión que ya ha dejado 29 muertos, según denuncias de grupos ciudadanos como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Por su parte Bachelet también citó ataques graves y otras formas de violencia documentadas ante su Oficina desde la convocatoria de las elecciones primarias, en septiembre de 2020.
Según un comunicado del organismo, han recibido 63 denuncias de casos de violencia política, que incluyen 29 asesinatos, 14 ataques, 12 agresiones y siete casos de amenazas y secuestros.
La alta comisionada pidió al Gobierno hondureño que se investiguen los actos de violencia y se haga justicia. “Cuento con que todos los actores involucrados se comprometan con ello,” dijo.
Además, condenó el uso de lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. Enfatizó que el discurso de odio “no tiene lugar en una democracia”.
Restricciones y cierres de espacios
La ONU también ha denunciado restricciones de los espacios cívicos y acoso contra integrantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Precisó que, desde el inicio del año, su Oficina en Honduras ha registrado 240 ataques contra activistas de derechos humanos y periodistas, a quienes revalidó el apoyo de su dependencia.
Los defensores de los derechos humanos tienen un papel crucial en las democracias, puntualizó la Alta Comisionada, enfatizando su inquietud por las recientes reformas legales que aumentan el riesgo de que se restrinja el derecho de protesta pacífica. Esto empeoraría la situación, advirtió.
Las reformas al Código Penal hondureño aludidas por la titular de derechos humanos criminalizan la toma de carreteras o espacios públicos hasta con seis años de prisión. Además, en marzo de 2020 se suspendieron las garantías constitucionales con el argumento del combate a la pandemia y no se han restituido.
Por su parte, autoridades en Honduras han expresado públicamente su compromiso para que estas elecciones se llevan a cabo de manera pacífica. Sin embargo, Bachelet insiste “en la necesidad de establecer mecanismos para garantizar que no se cometen violaciones de derechos humanos como según ella, ocurrió durante las protestas post electorales de 2017”.
* Con información de Celia Mendoza, desde Nueva York.
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