Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua y del exterior expusieron este lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de impunidad que se vive en Managua bajo el gobierno de Daniel Ortega.
La comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo que el objetivo de dicha audiencia —en la que participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Urnas Abiertas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) para los Derechos Humanos y el Instituto Raza e Igualdad— es contrarrestar la impunidad que se vive en Managua.
Andrés Sánchez, representante regional adjunto para América Central de OACNUDH, recordó que el “derecho internacional tiene mecanismos y herramientas para hacer que la justicia, tarde o temprano, prevalezca” en Nicaragua.
“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo”
La abogada y directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, comentó en su intervención acerca de la destrucción de la institucionalidad en Nicargua y recalcó que esta se remonta desde el año 2007, cuando el presidente Daniel Ortega asumió el poder, hasta el año 2018, cuando se agravó aún más con el estallido de protestas que dejaron más de 300 muertos.
“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo, perpetuarse en el poder”, dijo la abogada defensora de derechos humanos que opera en la clandestinidad desde Managua.
De igual forma recalcó que los “secuestros exprés, torturas en cárceles clandestinas, así como violaciones a los derechos humanos” que ocurrieron en el marco de las manifestaciones han quedado en la impunidad.
Recordó que en el año 2018 varios familiares de jóvenes que murieron en las protestas de ese año se vieron obligados a firmar un acta en donde desistían de solicitar una investigación por los hechos a cambio de que les entregaran los cuerpos.
También señaló que las detenciones “arbitrarias” continuaron en Nicaragua en 2021 contra más de 40 opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales que se encuentran “sometidos a malos tratos y actos de torturas”.
“Desde febrero [han sido] declarados culpables al menos 41 personas con penas de entre siete y 15 años de prisión. Las cárceles se han llenado y no se vive en un Estado de Derecho, sino bajo un estado de excepción de hecho”, lamentó Núñez.
![La policía de Nicaragua ha sido la institución que ha tomado las oenegés a las cuales se les canceló la personalidad jurídica en 2018. [Foto Houston Castillo, VOA].](https://gdb.voanews.com/3ee7068f-ea09-442a-bd24-98b6d6dc9090_w100_r1.png)
Finalmente dijo que las organizaciones de derechos humanos como la que dirige se enfrentan a “un régimen obsesivo que nos ve como el enemigo”.
Natalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, comentó que en Nicaragua se ha mantenido la impunidad gracias a leyes aprobadas desde la Asamblea de mayoría oficialista, como la Ley de Amnistía que eximió de culpas a los responsables de causar muertes en el año 2018.
De igual forma alertó de un aparataje que se ha creado para perseguir a las organizaciones que critican la impunidad y se ha buscado la forma de reducir sus espacios, como es la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo y la Ley de Ciberdelitos.
“Fueron aprobadas tres normas que vulneran los derechos humanos y que han sido objeto de análisis”, dijo Yaya y mencionó que el gobierno se ha valido de estas legislaciones para cancelar a unas 103 oenegés, dentro de estas se encuentran unas 13 universidades y 5 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que se han expropiado.
![En la imagen el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, habla con otros congresistas. [Foto Houston Castillo/VOA].](https://gdb.voanews.com/3EE09517-FBC1-45A6-AF32-DA5C06C76CAC_w250_r1_s.jpg)
Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, mencionó durante su intervención que la administración de justicia ha sido clave para la consolidación de la impunidad y advirtió que la persecución por motivos políticos bien podría constituir un crimen de lesa humanidad.
A su vez recordó que un total de 22 personas detenidas cuentan con medidas cautelares de la CIDH, sin embargo, dijo que el Estado no ha acatado nada de los dispuesto y contrario a ello continúan las violaciones a los derechos humanos.
“Se continúa negando visitas a los familiares, incumpliendo estándares internacionales, continúa la falta de acceso a medicamento o tratamiento para la salud”, indicó Delgado. En su intervención, mencionó la muerte del exguerrillero Hugo Torres mientras estaba bajo custodia del Estado.
Alertan posible “nuevo fraude electoral”
En la sesión también participó Ligia Gómez, representante de la organización Urnas Abiertas que siguió de cerca las elecciones presidenciales en Nicaragua en 2021 y enfatizó que los comicios recientes “perpetúan la situación de impunidad” en Managua.
“El régimen en su afán de instalarse, utilizó diferentes mecanismos. Quedó demostrado en 2021 con la cooptación de todas las instituciones y el Consejo Supremo Electoral como parte de la estrategia represiva eliminó toda la competencia electoral, en consecuencia, se consolidó un sistema represivo extendiendo ilegalmente el mandato del régimen”.
Gómez dijo que además hubo abusos de recursos del Estado en propaganda oficialista en una clara violación a la Ley Electoral por tanto a su juicio “el nuevo período presidencial de Ortega no representa la voluntad popular”.
“Es un estado ilegítimo”, subrayó.
De igual forma alertó sobre las elecciones municipales que se darán este año y dijo que era posible que se repitieran los mecanismos de los comicios pasados.
Por esa razón María Luisa Gómez, de Raza e Igualdad dijo que urgía que la comunidad internacional abone a intensifique sus esfuerzos por la “graves violaciones del régimen”.
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