El gobierno de Daniel Ortega declarará el 19 de abril como “Día Nacional de la Paz”, justo cuando se cumplen cinco años de haberse iniciado las protestas contra el mandatario que fueron reprimidas con violencia, dejando al menos 300 muertos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
La esposa de Ortega y también vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció en los medios oficialistas que por medio de la Asamblea Nacional se emitirá el decreto en los próximos días durante una sesión especial y dijo que con ello “buscan resguardar la paz en todas sus formas”.
“Este mes de abril lo hemos decretado como mes de la paz, de la concordia, de la tranquilidad, de la seguridad, de la estabilidad y del avance contra la pobreza”, dijo la funcionaria que fue sancionada por Estados Unidos, que la acusa de haber dirigido la represión en Nicaragua en abril de 2018.
Oposición realizará manifestaciones
La oposición tiene programada una serie de manifestaciones el próximo fin de semana precisamente en recuerdo de la fecha. Con ello aseguran que pedirán justicia para las víctimas de la represión estatal en el país centroamericano.
En Miami, la diáspora anunció al menos dos manifestaciones el domingo, lo mismo que en San José, en Costa Rica. En México, Canadá y España también habrán vigilias y conciertos alusivos a abril de 2018.
Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder, ha tildado las protestas que surgieron en Nicaragua como un intento de golpe de Estado y ha dicho sin pruebas que fueron auspiciadas por Estados Unidos y la comunidad internacional.
El mandatario también ha emprendido una cruzada contra los críticos y 222 opositores nicaragüenses fueron desterrados a Estados Unidos y se les revocó la nacionalidad, incluidas siete personas que aspiraron a competir las elecciones presidenciales de 2021, tildadas como “una farsa” por buena parte de la comunidad internacional.
Nicaragua vive su peor crisis política y social durante los últimos 30 años como consecuencias de la represión de Ortega. EEUU ha impuesto sanciones a una decena de funcionarios allegados a Ortega por esa razón y mantiene a Nicaragua como “una amenaza para seguridad nacional”.
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