La comunidad internacional se ha dividido en tres grandes bloques ante los controvertidos resultados de la elección presidencial de Venezuela de julio pasado y a falta de poco más de dos meses para la juramentación del mandatario electo por los próximos seis años.
Lo común en política exterior es que los gobiernos del mundo expresen sin dilación su reconocimiento de los procesos electorales de otras naciones, feliciten al ganador y hagan votos por mantener una relación cordial.
Sin embargo, Venezuela ha sido una constante excepción a esa regla diplomática. Con la votación de julio, múltiples gobiernos del mundo ya han objetado hasta cuatro procesos electorales nacionales del país suramericano en los últimos siete años, alegando falta de transparencia y reflejo de valores democráticos y garantías.
El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro con 51,9 % de los votos, sin presentar datos pormenorizados de la elección en las distintas regiones y centros de sufragio, mientras la oposición asegura haber triunfado con casi 37 puntos de ventaja.
Decenas de países reconocieron prontamente la reelección del presidente Nicolás Maduro, otros tantos se negaron a aceptar esos resultados, dando por ganador a los opositores, y otro grupo espera evidencias de la votación para fijar postura.
Misión Verdad, un proyecto comunicacional propagandista del gobierno venezolano, resaltó en agosto que 53 países habían reconocido el triunfo electoral de Maduro y que ellos representaban 33 % de la superficie terrestre y el 42 % de la población mundial.
Entre esas naciones que celebraron la victoria de Maduro están Rusia, China, Irán, Turquía, Corea del Norte, Serbia, algunas del mundo árabe, varias de África y del Caribe, así como los cuestionados gobiernos de Cuba, Nicaragua y Honduras.
En contraparte, también varios gobiernos expresaron sus dudas en cuanto a la transparencia del resultado e incluso hubo administraciones que los calificaron de fraudulento. En Suramérica, la mayoría de los países se muestra contraria a reconocer un triunfo de Maduro sin evidencias, rechaza la grave represión y persecución contra dirigentes y activistas opositores que denuncian organizaciones internacionales y activistas en el país.
Varios gobernantes del continente americano, -algunos de marcadas diferencias políticas - como el chileno Gabriel Boric y el salvadoreño Nayib Bukele, acusaron al chavismo de robarse la votación y denunciaron un “fraude”.
Al menos siete países, entre ellos Estados Unidos y los sudamericanos Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, dieron por válidas las evidencias de las actas divulgadas por la oposición, reconociendo el triunfo de Edmundo González, un diplomático que representó a los partidos del antichavismo en la boleta electoral. Los parlamentos de España y República Dominicana también aceptaron las pruebas opositoras, si bien los gobiernos de sus países no.
Democracias y autoritarismos
La clasificación de quienes no reconocen el triunfo de Maduro y aquellos países que sí lo hacen, se asemeja al comparativo de las naciones que están apegadas a la democracia y quienes presentan retos en este sentido, según el experto en política exterior y diplomacia Juan Francisco Contreras.
“Quienes tienen experiencia democrática, con un sistema de elección donde haya alternabilidad en el gobierno, están a la expectativa de qué va a pasar en Venezuela” y no se apresuraron en aceptar el resultado electoral de julio, a pesar de las denuncias de irregularidades en el proceso y en ausencia de evidencias de la votación, apuntó.
Desde 2017, decenas de países desconocieron procesos electorales en Venezuela, entre ellos la selección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, de corte oficialista; la votación presidencial de 2018 y las parlamentarias de 2020.
La elección de 2018, donde fue reelecto Maduro, derivó en que la oposición denunció la usurpación de la presidencia y en que varios gobiernos, entre ellos EEUU, reconocieran como jefe de Estado a Juan Guaidó, entonces líder del Parlamento de 2015.
Esa estrategia de máxima presión contra Maduro no funcionó y Guaidó, hoy en el exilio, fue relevado del interinato en 2022 por sus aliados de la Asamblea Nacional.
Maduro suele referirse al excandidato presidencial opositor González Urrutia como un presunto “Guaidó 2.0”. Ha acusado a gobiernos extranjeros como Estados Unidos de querer deponerlo con la misma estrategia de sanciones y presiones que en 2019.
¿Escenario Guaidó 2.0?
Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, considera que la correlación de quienes reconocen el triunfo de Maduro y quienes no lo hacen es “similar” a la que ya hubo en 2019, en los tiempos de Guaidó.
De Alba prevé que Maduro trata de fortalecer sus vínculos con gobiernos y empresas “no occidentales” ante la posibilidad de que se mantengan o incrementen las restricciones que datan desde la estrategia de parte de la comunidad internacional de 2019.
Esa maniobra del oficialismo venezolano ha tenido “resultados mediocres” en lo económico, pero “efectivos” en lo político, buscando perpetuarse en el poder.
“Sí es posible que haya un caso Guaidó 2.0”, asegura a la Voz de América. “Parte de la oposición venezolana está apuntando a eso”, insiste.
“Esa experiencia podría terminar siendo más diluida que la anterior”, dice De Alba, anticipando que haya más “países importantes” que no reconozcan la legitimidad de Maduro, pero que mantengan “algún grado de comunicación” con su gobierno.
“Guerra” cerca del 10 de enero
Esa correlación de fuerzas de apoyos y desconocimientos de Maduro guarda mucha relación con “la geopolítica mundial”, considera el experto en relaciones internacionales Oscar Arnal, quien además fue electo en 2015 diputado suplente por la oposición.
La diatriba electoral venezolana ubica en aceras distintas a los mismos bloques de países que “están en una especie de segunda Guerra Fría” por conflictos, respeto a los derechos humanos y políticos en sus territorios e ideologías políticas.
La “compleja” crisis en Venezuela y las posturas de las distintas cancillerías del mundo, como la describe Contreras, por su parte, orbita en torno a una fecha: el 10 de enero de 2025, cuando debe tomar posesión el presidente por un mandato de 6 años.
“Lo difícil para reconocer a Maduro es que ni siquiera se ha terminado el proceso electoral en Venezuela”, destaca, resaltando la falta de auditorías e información detallada de actas.
María Corina Machado, dirigente de la oposición y considerada la gran movilizadora de su voto en julio, dijo esta semana a los presidentes de Brasil y Colombia que es “absurdo” seguir exigiendo a Maduro pruebas de su triunfo. “Ese período se cerró”, dijo.
La oposición confía en que González retorne de su exilio en España para asumir la presidencia y apunta a presuntos resquebrajamientos de la coalición gobernante en Venezuela para avanzar en una “transición democrática” en enero.
El desconocimiento de Maduro se traducirá en “complicaciones” de los gobiernos para tener relaciones plenas con el poder político en Caracas, explica Contreras, por su lado.
El gobierno venezolano, de hecho, rompió relaciones con los ejecutivos de la vecindad americana que cuestionaron los resultados electorales y expresaron apoyo a la oposición, como República Dominicana, Argentina y Chile. Panamá, por su lado, tomó la decisión de suspender las relaciones ante lo que consideró un comportamiento antidemocrático.
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