En una transmisión televisiva en vivo a comienzos de abril, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, detallaba en alta voz el contenido de una hoja impresa con las cifras de pacientes positivos al coronavirus.
De golpe, se detuvo al ver la cantidad de personas contagiadas que estaban en aislamiento domiciliario. Y de inmediato, en el mismo tono, se dirigió a su gabinete.
“Este número no lo quiero ver más aquí. ¿Por qué nueve personas no quieren salir de su casa? ¿Cuál es el empeño? ¿O es que no hay autoridad? Estas personas deben ir a hospitalizarse (…) Este número debe bajar a cero el día de hoy a las 12:00 de la noche. ¡Todo el mundo hospitalizado!”, clamó, dirigiéndose a Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, y a Carlos Alvarado, el ministro de Salud.
Aquella fue otra exhibición, esta vez pública, de las prácticas de su gobierno en días recientes.
Expertos entrevistados por la Voz de América advierten que el gobierno en disputa ha utilizado la pandemia como patente de corso para afianzar sus políticas de persecución y represión contra líderes políticos, el personal de salud y los ciudadanos en general en Venezuela.
Defensores de derechos humanos, voceros del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, entre ellos, el mismo presidente del Parlamento, y afectados por las prácticas totalitarias desde mediados de marzo, señalan que el madurismo, aun con el control del poder interno, ha coartado libertades fundamentales bajo el pretexto de su lucha contra la COVID-19.
La lista de fórmulas autoritarias, explican, es amplia: aislamiento forzado de pacientes sospechosos del nuevo coronavirus, detención arbitraria de periodistas, arresto de médicos que filtran datos sobre casos de la pandemia, persecución de líderes políticos cercanos a Guaidó y la promesa del mismo Maduro de una “furia bolivariana” que defendería al chavismo en todo el territorio venezolano.
En términos sanitarios, Venezuela ha aplicado el modelo chino para contener el nuevo coronavirus, aseguró Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro. “Las medidas son duras, pero son para proteger al pueblo”, dijo al abordar el tema en una de sus primeras intervenciones públicas.
Maduro, por su parte, ha calificado sus propias decisiones como “drásticas, audaces y valientes”.
Oswaldo Ramírez, politólogo de la Universidad Central de Venezuela y director de la firma ORC Consultores, explica que el nuevo coronavirus ha sido caldo de cultivo para que gobiernos del mundo apuntalen un mayor autoritarismo del que habían ejercido en las vísperas de la pandemia.
“Son procesos en los cuales se genera miedo, control de la población e incluso pánico en algunos momentos, que te lleva a entender que la única vía es acatar las órdenes que te envía el gobierno y esos gobiernos en estos momentos generan ventajas”, explica.
Ramírez observa que el madurismo aprovecha la coyuntura para proclamar con sus acciones que tiene el control absoluto del territorio nacional y de las instituciones clave. A su juicio, intenta también sofocar las posibilidades de un estallido social por la distribución de la gasolina, hoy escasa, o de los alimentos en Venezuela.
Luego, ejerce un proceso de control de la disidencia política, no solo hacia la oposición clásica, sino también a sectores con la capacidad de generar procesos sociales de riesgo para su gobierno, como los productores del campo, los empresarios y los sindicatos de salud, afirma el consultor político.
Guaidó entiende las acciones de Maduro como un intento de “fingir normalidad” en Venezuela y de distraer la atención al verse, a su juicio, “acorralado”.
“Van a tratar de aniquilarnos, de hacerse ver fuertes, cuando todos sabemos que de lo único que tienen control es del desastre que crearon, de no tener gasolina, agua o gas”, dijo el mandatario interino en entrevista con la VOA.
Guaidó valora que los venezolanos enfrentan dos tipos de virus: “el del COVID-19, que es muy grave su velocidad de propagación, pero hay otro más letal, que es el fascismo, la persecución, la dictadura, con el cual quieren controlar una pandemia”.
Para argumentarlo, cita por ejemplo la detención arbitraria de varios de sus colaboradores más cercanos, la censura mediática y la ocultación de información durante el último mes de la pandemia.
Detenciones y control
El arresto de políticos ha sido una tendencia del madurismo en el marco de la COVID-19.
La ONG Foro Penal reportó 39 detenciones con fines políticos en Venezuela entre marzo y la primera semana de abril. En comparación, hubo en febrero nueve arrestos de esa índole.
“El régimen de Maduro ha continuado con su ola represiva y ahora con mucha más fuerza”, dijo durante una videoconferencia con VOA Noticias desde Washington Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en Estados Unidos.
Reprochó “la ola represiva” ordenada por Maduro bajo el amparo de su combate a la infección respiratoria. Dijo incluso que tales ataques no son exclusivos contra los dirigentes políticos.
Aludió a que agentes de inteligencia militar detuvieron el 4 de abril a la bioanalista Andrea Sayago por publicar en su cuenta de WhatsApp una orden médica para hacer pruebas de detección de coronavirus.
“Esa represión ha llegado a enfermeras, médicos, venezolanos comunes que están protestando por falta de servicio público. Es contra toda una sociedad”, mencionó Vecchio.
La ONG Provea reveló que, apenas en los cinco días siguientes al anuncio de las medidas por la pandemia, el madurismo ya había detenido a cuatro trabajadores del sistema de salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas para prevenir contagios de la COVID-19.
La presidencia de Maduro ha estado en disputa desde enero de 2019, cuando el Parlamento argumentó que usurpaba el poder por declararse ganador de unas elecciones convocadas por la chavista Asamblea Nacional Constituyente.
La cuarentena absoluta por la pandemia en todo Venezuela le vino “como anillo al dedo” a Maduro para sofocar los intentos de Guaidó de resucitar la movilización social en su contra, opina Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.
El analista asegura que la coyuntura permitió a Maduro ratificar su control de facto en aspectos clave de la dinámica de Venezuela, como el territorio, las instituciones y las fuerzas armadas y policiales.
A su entender, la infección pandémica también le fue útil para empañar los efectos de la escasez de gasolina en el imaginario colectivo de Venezuela.
Excepción con límites
Luisa (el nombre es ficticio), quien acababa de dar a luz, escuchó los pasos de militares que se movilizaban en el exterior de su hogar, cerca de la carretera principal de la Guajira venezolana, la noche del 3 de abril pasado.
No había electricidad por uno de los frecuentes cortes del servicio que hay en el sector. Eran las 11:00 de la noche cuando oyó los disparos al aire de fusiles. Los uniformados dispersaban una masiva protesta de personas que exigían alimentos al gobierno local en plena cuarentena.
Su padre les reclamó en voz alta, advirtiéndole que en su casa había niños durmiendo a la intemperie. “Le respondieron lanzando esto justo a la ventana donde yo estaba con mi bebé”, contó a la Voz de América, mostrando una piedra.
Las organizaciones no gubernamentales de Venezuela han constatado abusos de la fuerza policial y militar en Venezuela, ocurridos en el marco del Estado de Alarma decretado por Maduro el 13 de marzo y extendido por un mes más.
Liliana Ortega, presidenta de la ONG defensora de derechos humanos Cofavic, advierte que el decreto de un estado de excepción no indica la suspensión del estado de derecho.
“Bajo ningún concepto, el decreto podría restringir los derechos y garantías a la vida, el reconocimiento a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal”, señala.
Ortega, abogada, expone que tampoco pueden perjudicarse la integridad personal, la libertad de pensamiento, el debido proceso, el amparo constitucional y la irretroactividad de las leyes.
“Todas las actuaciones de los organismos de seguridad del estado deben estar enmarcadas en lo establecido en la Constitución referido a los estados de excepción”, apunta.
Aislamiento forzoso
En el contexto de la pandemia, hay reportes del confinamiento forzoso por los cuerpos de seguridad de aproximadamente 6.000 venezolanos que han regresado al país.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA por sus siglas en inglés, detalló el 14 de abril que 6.447 venezolanos están en cuarentena preventiva en “centros de alojamiento temporal” del gobierno en disputa para atender a quienes retornan a Venezuela a través de los pasos fronterizos y vuelos humanitarios.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado malos tratos, falta de comida y nulas normas de higiene en esos espacios. Según la OCHA, existen 73 de esos centros en siete estados.
El primer caso se conoció el 27 de marzo en Barquisimeto, Lara. Allí, la Guardia Nacional Bolivariana sometió a 90 personas, que llegaron desde Cúcuta, Colombia, a un “aislamiento forzoso” en una villa construida por el gobierno madurista, indicó la ONG Provea.
La organización reportó “un trato hostil” por parte del personal de salud y de los militares. No hay una alimentación balanceada e impiden a los familiares de esas 90 personas que les lleven comida. Tampoco, disponen de atención médica y de insumos para atender eventualidades.
En Táchira, fronterizo con Colombia, se reedita la malaventura en dos centros. Jesús (nombre ficticio), uno de sus moradores, quien viajó desde Bogotá junto a su pareja, relató a la Voz de América cómo los han obligado a mantenerse en el sitio por al menos 15 días en condiciones deplorables.
Durmió los dos primeros días en el suelo. Entonces, les entregaron un delgado colchón.
“Todos dormimos pegados. Cada persona duerme obligatoriamente con otra en un mismo colchón”, detalla. Jesús llama al lugar “un campo de concentración”.
Hay agua potable una hora y media cada 24 horas. Los coordinadores del centro les piden que limpien ellos mismos los baños. No hay limpieza o esterilización.
Jesús cuenta que las autoridades aplicaron pruebas rápidas de la COVID-19 de manera parcial a centenares de sus compañeros de aislamiento. Otros, fueron examinados días después.
Las primeras 48 horas, no hubo comida para ellos. Hoy, los alimentan tres veces al día con arepas, huevos revueltos, pequeñas raciones de sopa, arroz y pollo. Ellos mismos elaboran los alimentos.
“Cocinamos con leña que un grupo consigue afuera de los cubículos donde dormimos. Si la gente no se trae cosas de Colombia o no hubiese tenido plata, te desganas feo (pasas hambre)”, lamenta.
Ortega, de Cofavic, defiende los derechos de los residentes temporales de esos centros.
“Estar enfermo no es un delito ni debe criminalizarse ni alentarse por ningún medio respuestas discriminatorias”, asegura, reivindicando “las medidas higiénicas indispensables” que exige la Organización Mundial de la Salud para combatir las pandemias.
Desafío a la prensa
Darvinson Rojas, un periodista de 25 años, estuvo detenido 12 días en una oficina del comando de un grupo policial que Naciones Unidas recomendó el año pasado desmantelar: las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Sin orden judicial, lo arrestaron en su casa por un tuit sobre la COVID-19 que publicó.
En un mensaje que Rojas posteó el 20 de marzo en sus redes sociales, contrastaba las cifras del madurismo sobre pacientes positivos por la infección respiratoria, con información de casos adicionales en declaraciones de alcaldes y el gobernador de Miranda.
El estado venezolano le imputó cargos por los delitos de instigación al odio e instigación pública.
Espacio Público, una organización no gubernamental defensora de los derechos a la libre expresión, reportó la detención, entre mediados de marzo y el 3 de abril, de nueve personas por buscar, recibir o transmitir información relacionada con el nuevo coronavirus.
Natalie Southwick, encargada de Centroamérica y Suramérica del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, expone que Venezuela sigue siendo uno de los entornos más difíciles para el oficio informativo en todo el continente americano.
Identifica una “base de censura” y un contexto “muy desafiante” para la recopilación de noticias sobre el virus en el país.
“Los ataques contra periodistas o, ciertamente, las violaciones de la libertad de prensa son algo cotidiano en Venezuela en este momento”, comenta a la VOA.
Subraya que en Venezuela se utiliza una ley contra el odio, aprobada por el oficialismo en la Constituyente y que contempla penas de hasta de 20 años, para usarla contra periodistas.
“Ya tenían esta estructura legal y ahora solo la aplican a la pandemia”, critica.
Tamara Taraciuk, subdirectora para América de la ONG Human Rights Watch, observa un patrón de represión contra opositores y periodistas por contrastar la versión oficial sobre la COVID-19.
“Sabemos que en Venezuela hay un sistema de salud que está totalmente colapsado, que el gobierno esconde datos epidemiológicos y eso ha despertado muchas críticas por parte de médicos, enfermeros periodistas y estos reportes han llevado a represalias”, explica.
Cree que Maduro es un ejemplo de cómo existen autoridades gubernamentales en el mundo que se aferran al poder por medio de la fuerza en situaciones de crisis.
“Y así es como han respondido habitualmente a las crisis que enfrenta”, determina.
Andrés Cañizález, periodista, docente e investigador de las comunicaciones en Venezuela, explica que el chavismo ha estado reñido históricamente con la libre circulación de la información.
El de Maduro no es un gobierno abierto a la crítica pública, dice, y certifica que la censura aplica tanto para periodistas como para quienes, como el personal de salud, se atrevan a dudar de las cifras.
Cañizález advierte que la crisis de la COVID-19 ha sido abrazada por Maduro con un cinturón de militarismo. “Ha sido tomada por los militares y, en general, están reñidos con la prensa libre”, dice.
A su juicio, Venezuela está hoy nublada por un celaje de confusión e incertidumbre.
