El Parlamento Europeo votó a mano alzada este jueves una resolución en la que insta a sus Estados miembros a iniciar investigaciones formales “sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses".
La medida es a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de Expertos de la ONU sobre derechos humanos.
La resolución condena enérgicamente “las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos contra la población nicaragüense por razones políticas”, entre ellas las acciones perpetradas por Daniel Ortega recientemente como el despojo de nacionalidad de los opositores, y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez.
El Parlamento Europeo “pide una prueba de que Monseñor Rolando Álvarez está vivo; reitera su llamado a su liberación inmediata e incondicional y a la de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, miembros de la Iglesia católica y periodistas detenidos arbitrariamente, y a la anulación de los procesos seguidos y las sentencias dictadas en su contra”.
La resolución pide a la Unión Europea y a sus miembros que se incluyan garantías de respeto de los derechos humanos en relación a desembolsos de organismos multilaterales, como BCIE, cuestionado por otorgar préstamos al gobierno de Ortega.
También condena el apoyo de Nicaragua a la guerra de Rusia contra Ucrania y expresa su preocupación “por la asistencia militar rusa para seguir reprimiendo a la población nicaragüense”.
La eurodiputada Soraya Rodríguez pidió que por las acciones contra opositores en Nicaragua, se deben imponer más sanciones y vías para enjuiciar a los responsables. “Se van a cumplir dos años desde que impusimos las últimas sanciones en contra del régimen Ortega y Murillo y las cosas no han hecho más que empeorar dramáticamente”, indicó Rodríguez.
Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega las cuales fueron reprimidas dejando más de 300 muertos y miles de exiliados.
Ortega se ha referido a dichas protestas como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos y la Iglesia católica nicaragüense.
La comunidad internacional ha impuesto sendas sanciones contra la administración de Ortega, que lo acusa de violar los derechos humanos, incluida la Unión Europea.
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