La política de "Paz Total" con la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, busca un ambicioso objetivo de desmantelar a los múltiples grupos armados ilegales que operan en Colombia, cumple dos años en medio del mapa de la expansión de los grupos que se han estado reconfigurando desde 2018, de acuerdo a un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
En el informe se hace un balance de los dos años de la puesta en marcha de esta política para poner fin a la violencia armada en el país, y observan que el escalonamiento del conflicto en algunas zonas no “obedece” a la fecha del inicio de la denominada “Paz Total”, ni al inicio de los ceses al fuego con los grupos armados con quien negocia el gobierno.
Sin embargo, sostienen que, efectivamente, los esfuerzos del gobierno en “sostener” procesos de negociación han resultado “insuficientes para contener la violencia ejercida entre los grupos ilegales” en los territorios donde hay un aumento de las disputas.
“En todo este marco de desinformación que ha circulado recientemente se tiende a decir que es gracias a los ceses al fuego o incluso por culpa de la política de ‘Paz Total’, que hay incremento de las cifras de violencia y lo que encontramos es que esto no es cierto porque lo que tenemos hoy es un ciclo de violencia donde el crecimiento de los actores armados arranca desde 2018”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de Pares, en la presentación del informe.
En este sentido, destacan que los grupos armados organizados que más han crecido desde 2018 son el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con presencia en 316 municipios de los 1.101 que tiene el país.
Ante esto, subrayan que uno de los principales escollos a superar en el marco de la “Paz Total” es determinar el alcance armado y territorial del Clan del Golfo, a quien describen como el “más exitoso” de Colombia y América Latina, pues no se ha podido dimensionar su extenso portafolio de economías ilegales.
“Es una estructura gigante, es tal vez la más grande de América Latina, y ninguna de las soluciones con ellos va a ser simple porque están buscando legitimidad, pero también es difícil imaginarlos en la paz”, comentó Bonilla.
El segundo grupo armado con mayor presencia en las diferentes zonas del país es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cuenta con una presencia en 231 localidades colombianas, y con quien el estado más ha avanzado en las conversaciones de paz en la actualidad.
Por su parte, el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC pasó de tener presencia en 166 municipios a 209 en 2024.
“En 2021 y 2022 el crecimiento de estos grupos llegó a puntos altos, y efectivamente la paz total tampoco ha contribuido al desarme, desescalamiento o incluso a que varios de estos grupos dejen de crecer. Todos los grupos han crecido, pero no de la misma manera en la que crecieron en 2022 y 2023”, agregó Bonilla.
Falta de comunicación en los avances de la Paz Total
Si bien desde Pares observan que los ceses al fuego con los diferentes grupos con quienes el gobierno mantiene abiertas conversaciones de paz han contribuido a desescalar la violencia en algunas zonas, señalan la importancia de consolidar y aclarar la información para que el público comprenda adecuadamente los éxitos y desafíos del proceso de paz.
“La evidente escalada de violencia moderada por grupos como el EMC opacan cualquier tipo de avances obtenidos por el gobierno en términos de resultados operacionales o acuerdos en las diferentes mesas de negociación. Ante esta situación, es necesaria una estrategia de comunicación más asertiva, enfocada en la pedagogía de la política de Paz Total sobre su ruta de implementación y los logros alcanzados hasta el momento”, detallaron.
En este aspecto, el profesor de la Universidad Externado de Bogotá y analista en conflicto, Rafael Piñeros, coincide en que el mayor error en este marco de la “Paz Total” es que esta iniciativa no ha tenido una hoja de ruta clara.
“En esta administración no ha habido esa claridad y eso también genera más dudas. No hay una agenda lo suficientemente clara y precisa para el trabajo con el Estado Mayor Central y el trabajo con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, hay muchas dudas y esas dudas empiezan a crecer a partir de lo que se evidencia en el terreno y en el territorio se evidencia una disminución en las condiciones de seguridad”, explicó Piñeros a la Voz de América.
Secuestros y extorsiones presentan un aumento
Si bien los indicadores de la situación que muestra que la búsqueda del desarme de los grupos armados en Colombia y el crecimiento de estos actores ilegales no es una situación que comprende a la política de paz del presidente Petro, los indicadores de violencia muestran que delitos como secuestros y homicidios de personas líderes y defensoras de derechos humanos, han presentado cifras elevadas con respecto a años anteriores.
“Algo de lo que se tiene que empezar a hablar es del cese de la violencia contra civiles y eso incluye resolver el problema de la extorsión, muchos de estos grupos están viviendo de la extorsión y la extorsión necesariamente es violenta porque no se extorsiona a nadie sin el uso de la violencia y eso hace que la percepción de la ciudadanía que esta paz no está funcionando del todo sea muy alta”, concluyó Bonilla.
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