El Tribunal Constitucional ordenó el jueves liberar al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa, encarcelados desde hace nueve meses mientras son investigados por presunto lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.
La Corte anuló la prisión preventiva por cuatro votos a favor y tres en contra revocando la decisión del juez que encarceló a la pareja a mediados de julio de 2017.
Humala había presentado un hábeas corpus solicitando la anulación de su encarcelamiento porque hasta el momento ni él ni su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados por la fiscalía.
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo en conferencia de prensa que pese a declarar fundado el hábeas corpus, los magistrados "no han juzgado el tema de fondo", por lo que ambos seguirán siendo investigados por la fiscalía con libertad restringida.
Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de la pareja, dijo a The Associated Press que la decisión del Tribunal Constitucional fue conocida por Humala, su esposa y sus tres hijos.
Todos se encontraban reunidos en la cárcel donde el exmandatario está preso porque previamente solicitó un permiso para reunirse por seis horas con ellos y celebrar el cumpleaños de su hija mayor.
Julio Espinoza, otro de los abogados de la pareja, dijo a la televisora local Canal N que el Tribunal Constitucional está "corrigiendo una regla que no se debió romper: las personas no deben ser encarceladas mientras no exista una sentencia".
Agregó que la pareja debería salir en las próximas horas.
Ambos son investigados desde hace casi tres años por el fiscal Germán Juárez.
El 13 de julio de 2017 el fiscal pidió encarcelar a la pareja y los acusó de lavar activos tras las campañas presidenciales de 2006 y 2011 y sostuvo que recibieron "dinero de fuente ilícita, la metieron al circuito económico, le dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos".
Tras una extensa sesión judicial que culminó por la noche, el juez ordenó encarcelar a Humala y a su mujer, quienes poco después se presentaron ante el juzgado, fueron esposados y encarcelados el día siguiente.
Humala, de 55 años, fue enviado a una cárcel para presidentes al pie de una colina polvorienta en la zona este de Lima donde por entonces cumplía prisión el expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. Sin embargo, tras la liberación de Fujimori, Humala se convirtió en el único preso que quedaba en el lugar.
Su esposa Nadine Heredia, de 41 años y quien durante el gobierno de su marido fue considerada la mujer más poderosa del país, fue enviada a una cárcel para mujeres del sur de Lima que alberga a cabecillas de Sendero Luminoso, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado.
El fiscal le dijo al juez que la pareja recibió dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero que habría estado destinado a corromper funcionarios y obtener licitaciones.
Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró en abril de 2017 que entregó tres millones de dólares para la campaña de Humala, lo cual ha sido negado por el expresidente.
En Perú recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.
En 2016 Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, Alan García y Humala entre 2001 y 2016.
