El periodista ecuatoriano-venezolano Andersson Boscán y su esposa Mónica Velásquez informaron que habían salido de Ecuador rumbo a Canadá el martes, después de recibir amenazas de muerte y atentados que, aseguraron, incluían a sus dos hijas.
En vídeo pregrabado que se publicó en el portal noticioso La Posta, Velásquez aseveró que “a esta hora podemos confirmar que somos formalmente solicitantes de asilo” ante el gobierno de Canadá y que “nos encontramos en territorio canadiense" para escapar de las amenazas.
Boscán es cofundador y director de La Posta, un medio que tomó relevancia por una serie de reportajes denominados “Paz o plomo” desde el interior de diversas cárceles del país, y por una investigación que sirvió de base para cuestionar y posteriormente iniciar un juicio político al expresidente Guillermo Lasso.
“En nuestro Ecuador, el Ecuador de hoy, es casi imposible contar ciertas historias sin arriesgar la vida, sin condenarte a muerte, sin ser criminalizado”, destacó Boscán, quien dijo que los seguían en la calle, había drones que sobrevolaban su residencia y recibían amenazas cada semana desde hace casi cinco años. Todo esto causó “un encierro casi pandémico”, expresó Velásquez.
Sin entrar en detalles, Boscán manifestó que en Ecuador “hay que cuidarse más de las instituciones llamadas a defenderte que de los propios criminales” y aseveró que la policía y el sistema de inteligencia llevaban a cabo seguimientos a su familia. Mostró brevemente un documento que atribuyó a la policía, y en el que afirmó que se incluían “claras y precisas instrucciones dónde asesinarnos”.
“La fiscalía no ha querido investigar”, añadió.
Agregó que seguirán haciendo periodismo desde el exilio.
La fiscalía llamó a declarar a Boscán en marzo pasado por las conversaciones que sostuvo con un poderoso narcotraficante ya fallecido. Durante la audiencia, el periodista reconoció haber mantenido contacto con el narcotraficante Leandro Norero con fines periodísticos y añadió que estaba dispuesto a colaborar con la indagación.
La fiscal general Diana Salazar ordenó la pesquisa después de que se diera a conocer el contenido de los teléfonos celulares de Norero, quien fue señalado como cabecilla de una red criminal con conexiones con altos funcionarios de la justicia, de la policía, del sistema penitenciario, e incluso políticos. Fue asesinado en 2022 dentro de una cárcel durante una pelea entre grupos delictivos. También estaba señalado por las autoridades de financiar a grupos de la delincuencia organizada y de tener vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
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