El presidente de Perú, Ollanta Humala, promulgó una ley clave para agilizar la búsqueda de más de 15.000 personas desaparecidas durante la guerra interna que enfrentó principalmente al grupo extremista Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000.
La mayoría de desaparecidos fueron indígenas pobres sin representación política en el parlamento y originarios de las altiplanicies surandinas de las ricas regiones mineras de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Puno y Cusco.
En la actualidad para buscar a un familiar desaparecido durante la época de la violencia política la única opción es presentar una denuncia ante la fiscalía, llevar testigos que den testimonio ante un fiscal y seguir un extenso proceso judicial que demanda tiempo y dinero.
"Esa ley es de una trascendencia fundamental para el Perú y América Latina porque en toda la región existen desaparecidos de épocas dictatoriales y de conflictos armados internos donde los familiares siguen buscando a sus desaparecidos, para identificarlos y darles sepultura digna", comentó Jo Marie Burt, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Mason .
Según cifras oficiales hasta 80% de las denuncias son archivadas por la fiscalía peruana porque no se logra identificar al autor de los crímenes. La fiscalía solo cuenta con 20 forenses con un presupuesto muy escaso para buscar a los miles de desaparecidos, cuyos restos están enterrados en zonas remotas.
Según expertos, en Perú existen alrededor de 6.462 cementerios clandestinos y solamente en la región Ayacucho, cuna de la insurgencia senderista, existe un sitio de entierro cada 3 kilómetros.
