La capital de Perú, Lima, amaneció el miércoles rodeada de vallas de seguridad en los puntos estratégicos de la ciudad donde ha sido convocada una nueva protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, que sus organizadores han denominado “la toma de Lima”.
Funcionarios del gobierno de Boluarte ya habían advertido en los días previos sobre el uso legítimo de la fuerza que hará la policía en caso de ser necesario y de la posible responsabilidad que achacarán a los organizadores de la protesta en caso de destrozos.
Medios locales cubrían desde horas tempranas del miércoles zonas de Lima y otras regiones del país donde se esperaba que manifestantes salieran a las calles. De acuerdo a los primeros reportes no se presentaban mayores disturbios. El transporte público, en horas de la mañana, no había sido interrumpido y las personas se dirigían a sus centros de trabajo con normalidad.
En el aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue restringido el acceso, hoy disponible solo a pasajeros con boleto en mano. Lo mismo sucede en los aeropuertos de Cusco y Juliaca, al sureste del país.
Conforme pasaron las horas los manifestantes empezaron a concentrarse en diferentes regiones del país. Diferentes marchas pacíficas se vienen realizando en las regiones de Apurímac, Áncash, Cajamarca, Junín, Pasco, Piura, Iquitos, Puno, Cusco, Ayacucho, Tacna, Ica, Lambayeque, La Libertad y Arequipa.
En Lima, al final de la tarde, la manifestación parecía que iba culminar de manera pacífica en la Plaza San Martín, como suele ocurrir cuando hay protestas contra el Gobierno.
Sin embargo, los planes cambiaron cuando un grupo de personas superó en número a los agentes de la Policía que resguardaban la avenida que da acceso a las sedes del Congreso y la Fiscalía General.
Los principales puntos de Lima, como la Plaza San Martín y la Plaza de Armas, se encuentran resguardadas con vallas de seguridad y la policía nacional está lista para activarse en mayor escala en caso de que se produzcan actos violentos.
Por su parte, la presidenta Boluarte envió un mensaje el martes en el que catalogó las protestas de una “amenaza a la democracia” y dejó entrever que no está dispuesta a dejar el cargo.
“No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima... queriendo tomar desde el centro todo el país”, dijo Boluarte en una conferencia de prensa rodeada de sus ministros. “Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar”, advirtió Boluarte.
Las manifestaciones del miércoles buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso de la República, así como también la convocatoria de elecciones anticipadas.
En la capital de EEUU, un grupo liderado por la Coordinadora Internacional de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos del Perú (CISOLPPERU), ha convocado a una gran movilización internacional para la tarde de este miércoles 19 de julio frente a la embajada de Perú, en Washington.
Deponer "las barreras"
El defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, señaló en diálogo con la Voz de América que tras la realización de las nuevas marchas "no hay triunfalismos" de parte del Gobierno de Dina Boluarte ni de los organizadores.
"Aquí no hay victoria alguna de las dos partes. Acá lo que existe una demanda social que debe ser atendida por el Ejecutivo. Dentro de esa perspectiva deben establecerse puentes de diálogo y acercamientos", indicó.
El funcionario insistió en que "el diálogo implica deponer todo tipo de barreras". "Quien está obligado a dialogar no es el pueblo, sino la autoridad" en clara referencia a la Administración Boluarte.
Finalmente, Gutiérrez resaltó que en esta ocasión ha sido un balance positivo porque no hubo fallecidos como lo ocurrido en diciembre del 2022 y enero de este año. Resaltó que la Policía tuvo una mejor estrategia para evitar actos de violencia.
[Con información del periodista Rodrigo Chillitupa desde Lima]
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