El presidente Pedro Castillo llegó a la cifra de 70 ministros nombrados en un año y dos meses de gestión en Perú. El lunes 12 de septiembre por la noche decidió realizar dos cambios dentro de su gabinete al designar al nuevo canciller César Landa y a la titular de la cartera de Agricultura, Jenny Ocampo. Ambos llegan en medio de crisis en sus respectivos sectores.
Landa estuvo al mando de Relaciones Exteriores hasta el 6 de agosto pasado. El expresidente del Tribunal Constitucional fue reemplazado en el cargo por el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay. En el corto periodo de su sucesor, los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth renunciaron a sus cargos como representantes permanentes del Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.
Además, Rodríguez Mackay tuvo discrepancias con el presidente Castillo por mostrarse en contra de suscribir el Acuerdo de Escazú y reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. Lo último que desató su alejamiento del Gobierno fue que insistió en firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el cual fue aprobado en abril de 1982 y entró en vigor en 1994, tras ser ratificada por 60 países. Perú ha sido uno de los que no lo ha ratificado.
“Nosotros somos respetuosos de la Constitución y tenemos que seguir defendiendo hasta el último milímetro que tenemos de mar y territorio nacional. Ha habido algunas informaciones que estamos corrigiendo”, dijo Castillo en respuesta a las intenciones del canciller para adherirse a la Convemar.
Antes del retorno de Landa y la salida de Rodríguez Mackay, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tuvo como titulares al sociólogo Héctor Bejar y al embajador Oscar Maurtua de Romaña. Por estos días, hay que señalar que el Congreso definirá si le otorga permiso o no a Castillo para que viaje a Nueva York a participar del 77° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario tiene previsto sostener reuniones bilaterales con sus homólogos de la región y tener un encuentro con el secretario general Antonio Guterres.
Crisis de fertilizantes
Por su parte, el otro cambio de Castillo se dio en la cartera de Agricultura. El último sábado, el entonces ministro Andrés Alencastre anunció que el tercer proceso para adquirir fertilizantes fue cancelado. Desde noviembre del año pasado, Perú no logra comprar urea para los agricultores que han tenido que disminuir su producción de alimentos que son distribuidos en centros de abasto de Lima y regiones del país.
La situación se agrava por la alta demanda y el incremento de precios de este fertilizante.
Alencastre llegó al ministerio de Agricultura para solucionar este problema tras dos procesos de adquisición de fertilizantes que se frustraron por observaciones que hizo la Contraloría General debido a irregularidades presentadas por las empresas concursantes. Al haber fracasado también, diversos gremios agrarios solicitaron la salida de Alencastre en los últimos días y anunciaban un paro regional.
Además, en el Congreso se promovía una interpelación contra Alencastre. Para evitar una futura censura, Castillo decidió reemplazarlo por Jenny Ocampo, funcionaria que trabajaba en el Ministerio de la Producción. Ha sido consultora en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) durante dos años.
Inestabilidad constante
En diálogo con la Voz de América, el politólogo José Carlos Requena sostuvo que los dos nuevos cambios dentro del gobierno de Castillo demuestran que es “muy errático”. “Es un gobierno muy errático, el hecho de tener tantos funcionarios en distintos cargos y de estar involucrado en investigaciones fiscales, refuerza que se está haciendo mucho daño a lo poco que se había avanzado en el país”, indica.
“La palabra de Castillo está sumamente devaluada porque reiteradamente ha mostrado un ánimo de carencia de enmienda”, agregó. El especialista sostiene que observa, cada vez más lejano, la posibilidad de que el presidente izquierdista haga un giro de timón en su administración que debería terminar en julio de 2026.
La fiscalía indaga a Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano y por el supuesto plagio en su tesis de maestría. Otra investigación en curso alude a la licitación de un puente en la selva del país.
Más recientemente, Castillo afronta otras dos indagaciones por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno y por liderar una organización criminal que buscaba direccionar las licitaciones públicas de obras.
Pese a la inestabilidad política y judicial, recientes encuestas de Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos revelan que la aprobación de Castillo aumentó y se sitúa cerca al 25 %. Mientras la oposición del Congreso solo cuenta con 6 % de respaldo ciudadano.
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