Los peruanos permanecían en sus casas el martes en la capital tras un sorpresivo toque de queda ordenado por el presidente Pedro Castillo para supuestamente frenar la violencia por las protestas contra el alza del precio del combustible y alimentos, mientras políticos opositores y expertos criticaron la medida por ser contraria a las leyes.
Es la primera vez en la historia reciente de Perú que un gobierno busca contener protestas prohibiendo salir de casa en Lima, al menos luego del fin de la década de mano dura del entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). La restricción ocurre en una fecha recordada por los peruanos porque Fujimori, el 5 de abril de 1992, cerró el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y sacó a los militares junto a sus tanques a las calles en medio de una crisis económica y social.
El toque de queda permite el funcionamiento de servicios esenciales, incluidos los mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recolección de basura. No obstante, en varios hospitales se presentaron problemas para la atención de pacientes con citas programadas con anticipación porque los médicos tardaban en llegar. Según el decreto, es posible movilizarse bajo algunas excepciones. “Se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal” de las personas que requieren de atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en riesgo, así como para la adquisición de medicamentos y otros.
“Es una pena, estamos viviendo una situación económica pésima. ¿Tú sabes lo que es perder un día? Tenemos que trabajar para comer”, se quejó Juan Gutiérrez, de 45 años y padre de cuatro, quien esperó casi una hora un bus para transportarlo a una zona cercana al centro de Lima, donde trabaja en un taller de costura en el que le pagan por cada prenda que cose.
Los paraderos de autobuses de las zonas alejadas que rodean a la capital mostraban escenas similares, de acuerdo con los canales de televisión locales, mientras los grandes mercados mayoristas adonde llega el pescado, la carne de ave, las verduras y las frutas lucían casi vacíos en medio de la crisis económica que golpea el bolsillo de millones de peruanos.
La última semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de combustibles y alimentos dejó cuatro muertos y varios heridos. Como respuesta el gobierno suspendió el domingo un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban hasta 30% el precio final. Así el diésel más usado bajó en 0,47 dólares el galón, pero varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado en las gasolineras.
Las principales líneas de transporte público no trabajaron, por lo que automóviles particulares llamados taxi-colectivos ofrecían servicios a precios que triplicaban el normal. Muchos vendedores ambulantes que ofrecen desayunos a 1,5 dólares en las calles y que abundan por miles en Lima no salieron a laborar, constataron periodistas de The Associated Press.
Una de ellas, Elena Gamboa, de 40 años, logró abrir su puesto aunque se mostró escéptica de que la crisis iba a solucionarse de inmediato. “No creo que (Castillo) por haber cerrado, las cosas se van a arreglar al día siguiente”, dijo.
En este día inusual, varias avenidas principales cercanas al centro histórico de la capital lucían vacías, casi sin automóviles y sin gente. Los militares con sus fusiles salieron en apoyo de la policía y se apostaron en puntos estratégicos de los distritos más populosos de la periferia, pero también cerca del aeropuerto, algunas gasolineras y centros comerciales. Los agentes detuvieron a varios pasajeros de un bus que iban a una manifestación en el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima.
El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo el martes a periodistas que el toque de queda para el martes decretado por el presidente estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que “los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas. No es un capricho”.
El legislador opositor derechista, Jorge Montoya, un militar jubilado de mano dura, apoyó la medida y dijo que la información que había llegado a sus oídos “es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”. Varios criticaron el sentido clasista de la frase y el crítico literario Marcel Velázquez dijo que el comentario de Montoya ”no es un exabrupto, es el miedo tradicional de las elites limeñas a los indios” y recordó que ese temor ya existía varios siglos atrás.
Habitantes de varias zonas más acomodadas de Lima golpearon sus cacerolas con cucharones y se grabaron en las redes sociales, mientras más de un centenar caminó con banderas de Perú por las calles de San Isidro —el barrio más rico de Perú— y de San Borja, un distrito aledaño. La policía los observó sin tocarlos. Un manifestante que se identificó como Oscar, de 76 años, le dijo a la televisora local Latina que marchaba “en contra del gobierno comunista de Castillo”.
En Huaura, al norte de Lima, grupos de manifestantes tomaron una oficina de peaje y una mujer paseó a un burro ataviado con un sombrero al que llamaba “Pedro Castillo”.
Al borde de la medianoche del lunes el presidente decretó la inmovilización de ciudadanos desde las dos de la madrugada hasta las 23.59 luego de una semana de protestas en los Andes. La víspera las manifestaciones dejaron casetas de peaje incendiadas, así como saqueos en algunas tiendas.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó una demanda de hábeas corpus para dejar sin efecto el toque de queda de inmediato, mientras la presidenta del Congreso, María Alva, calificó la medida de “inaceptable” y una junta de portavoces pidió derogar el decreto. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió adelantar las elecciones presidenciales.
El presidente llegó a al parlamento para reunirse con los principales líderes del Congreso y conversar sobre la crisis. Castillo indicó que venía a visitar a la presidenta del Congreso para comentarle “qué estamos haciendo” en el marco de la pandemia y las protestas que han ocurrido en el país.
La medida ha sido criticada por varios frentes, incluida en la editorial de El Comercio, unos de los principales diarios de Perú que indicó que Castillo “está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas”.
Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter que “la ‘inmovilización social’ establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento” y añadió que la decisión del presidente Castillo “contradice las obligaciones internacionales de Perú”.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete y su impopularidad subió a 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
El Parlamento -que ha intentado destituirlo- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
