Familiares de seis líderes sindicales condenados a 16 años de cárcel por presuntamente "conspirar" contra el gobierno exigieron el lunes que el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, se pronuncie sobre las declaraciones que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció sobre el caso.
Un grupo de familiares y abogados de los activistas detenidos entregó un documento a representantes del ACNUDH en Caracas y reiteró que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales para lograr su libertad plena.
La semana pasada Saab divulgó la fotografía de una reunión entre representantes del ACNUDH y un equipo de fiscales del Ministerio Público (MP) en la que presentaron “evidencia” del caso y con la que, según el fiscal, los funcionarios de la ACNUCH quedaron “satisfechos”.
Saab negó que los seis activistas condenados por presuntos delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir” sean dirigentes sindicales y aseguró que supuestamente tenían previsto llevar acciones contra el gobierno, entre ellas asaltar una instalación militar para apropiarse del parque de armas.
En su más reciente informe, Volker Türk, dijo haber documentado los casos de “criminalización” contra dirigentes sindicales y laborales y se refirió a la detención de los seis activistas.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, fueron detenidos en julio del año pasado tras liderar diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. De acuerdo a su defensa las únicas pruebas en el juicio fueron capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que exponían opiniones personales.
Defensores de DDHH denuncian que el gobierno venezolano busca “criminalizar” la protesta de gremios y organizaciones sindicales que se pronuncian para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
En mayo, el presidente Nicolás Maduro decretó ajustes en el denominado “bono de guerra” (30 dólares) que reciben los empleados públicos y en el bono de alimentación (40 dólares) con criterio de “indexación”, pero no anunció un incremento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 4,19$ a tasa oficial.
Los bajos salarios y las dificultades de costear la canasta básica, han incrementado las protestas de los trabajadores venezolanos, especialmente del sector sanitario y educativo público.
Durante el primer semestre del 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas en toda Venezuela, un incremento de 12% en comparación con el primer semestre del 2022 y precisa que los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 de las manifestaciones, en rechazo al salario mínimo oficial.
En su más reciente actualización oral presentado en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) destacó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno” y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales condenados a 16 años.
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