Un nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares de Colombia, destapado por la revista Semana, y que ya le costó el cargo a 11 oficiales del Ejército Nacional, tiene ahora en la mira la inteligencia militar.
La publicación destapó en la edición que comenzó a circular el pasado viernes, una trama de espionaje contra unos 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la presidencia por parte de la inteligencia militar.
Estas personas fueron perfiladas en “carpetas” donde se establecían datos personales, familiares, contactos, rutinas y horarios laborales.
El presidente Iván Duque anunció por Twitter el sábado una exhaustiva investigación: “He dicho, desde el inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley”, escribió Duque.
También informó que pidió a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que avance en las investigaciones del caso, que ya había tenido una primera denuncia en enero pasado en una publicación del mismo medio.
“Pedí a Carlos Holmes, desde que llegó al ministerio de Defensa, adelantar una rigurosa investigación de las labores de inteligencia de últimos 10 años”, añadió Duque.
Por su parte, Holmes instruyó a los organismos de control que se aplique la justicia con todo rigor contra los responsables y aclaró que no permitirá este tipo de irregularidades en las Fuerzas Militares, las cuales deben ser garantes de la democracia en el país y gozan de su entero respaldo y solidaridad.
“No me temblará la mano (…) para tomas las decisiones que haya lugar, nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser muros sólidos para seguir construyendo sobre ellos nuestra democracia y nuestra sociedad”, afirmó el ministro, quien reiteró el llamado a la pulcritud dentro de la institución castrense para tener el apoyo de los colombianos y para merecer legitimidad.
Las revelaciones generaron repudio y rechaza de periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos afectados, como lo indicó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
“Es un crimen, es una distorsión gravísima del rol del ejército, de los servicios de inteligencia, una práctica que es propia de una dictadura, de un sistema totalitario y no de un régimen democrático, como sin duda es Colombia”, dijo Vivanco.
Desde la oposición, la senadora Angelica Lozano, una de las afectadas con el perfilamiento, exigió al presidente Duque explicaciones sobre los actos irregulares protagonizados por los militares implicados.
“¿Quién dio la orden de hacer un perfilamiento de mis actividades? ¿Por qué existe una carpeta con información de mis comunicaciones y movimientos? ¿Qué están buscando?”, preguntó reiteradamente la senadora de la Alianza Verde.
Mientras tanto, desde el partido político Polo Democrático Alternativo, el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha adelantado desde el Congreso candentes debates contra varios funcionarios del actual gobierno, reiteró su llamado para que la administración del presidente Iván Duque entregue explicaciones.
“¿Cuándo le va a dar una explicación satisfactoria este gobierno, el ministro de Defensa, a cosas tan graves como las que están sucediendo?”, cuestionó el dirigente de izquierda, quien ya anunció su candidatura presidencial para el 2022.
Así mismo, el senador Roy Barreras, quien el año pasado promovió en el Congreso una moción de censura en contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, debate que a la postre terminó con la renuncia del funcionario, lamentó que el espionaje se repita sin que se hayan adoptado medidas contundentes para castigar a los responsables y denunció la existencia de un “poder detrás del poder” que estaría orquestando estas políticas.
“¿Por qué solo ahora, ad portas a la publicación de un medio de comunicación, hacen los cambios que exigimos hace un año? Yo creo que hay un poder detrás del poder que ha infiltrado los sectores de las Fuerzas Militares para perseguir a quienes les resultan incomodos”, denunció el congresista.
Desde el Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, también solicitó una investigación a profundidad como lo indicó el representante a la Cámara por esa colectividad, Edwar Rodríguez, quien recordó que en el pasado el uribismo también fue víctima de esas organizaciones criminales.
“Esto no puede quedar en la impunidad, también celebro que el presidente Iván Duque esté erradicando estas mafias que se enquistan en la Fuerza Pública y le hacen daño a su buen nombre”, dijo Rodríguez.
Entre tanto, los órganos de control anunciaron la apertura de investigaciones. En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación anunció que aplicará su poder preferente para asumir de lleno el proceso disciplinario.
El ministerio público anunció que iniciará la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de tales conductas, determinar si constituye faltas disciplinarias o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Asimismo, señala que se buscará establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.
