![El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas y la exfiscal general Thelma Aldana, en el centro, ofrecen declaraciones este lunes en rueda de prensa en Washington. [Foto: Tomás Guevara, VOA]](https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-ad55-08db8c8047e5_w250_r1_s.jpg)
Exfuncionarios guatemaltecos pidieron este lunes en Washington que Estados Unidos y la Unión Europea apliquen “sanciones más severas” contra funcionarios del país centroamericano que “atentan” contra la democracia y el Estado de derecho en el país.
El exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, quien se encuentra exiliado en Europa, dijo en una rueda de prensa en la capital estadounidense, antes de iniciar una serie de visitas al Congreso y la Casa Blanca junto a otros de sus compatriotas que, las sanciones deben también “homogenizarse”.
Para Rodas “es inconcebible que personajes oscuros no puedan ingresar a Estados Unidos, pero si puedan ir a Europa”, por lo que urgió que tanto “los pronunciamientos como las sanciones deben ser más severas”.
El exprocurador Rodas, quien fue excluido como candidato a vicepresidenciable junto a la líder del movimiento indígena Thelma Cabrera, también pidió que los países democráticos con poder de influencia "generen presión" para “frenar” desembolsos mientras esta situación persista.
En el mismo encuentro Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, también perseguida y exiliada en Estados Unidos, agregó que la situación actual del país es el resultado de la toma del aparato de gobierno por “redes político económicas incrustadas en el Estado guatemalteco para la corrupción”.
Coincidió con Rodas en que los pliegos de sanciones deben ampliarse a figuras del sector privado que pivotan y dan soporte a las argollas visibles en el poder político y judicial, que estos días mantienen en incertidumbre al país ante el desenlace que podría tener la segunda vuelta presidencial a realizarse el 20 de agosto.
El subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols, dijo este lunes que ha llamado al canciller de Guatemala, Mario Búcaro, para exhortarle a que la segunda vuelta electoral “se lleve a cabo sin interferencias ni hostigamientos” puesto que “el pueblo guatemalteco tiene derecho a elegir sus propios líderes”.
Parte del sector privado apoya paro nacional
Ante el llamado a un paro nacional desde este lunes en Guatemala para hacer retroceder al Ministerio Público Dirigido por Consuelo Porras y el director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ambos sancionados en la Lista Engel de Estados Unidos, sería la consecuencia del “despertar” de la población de Guatemala que “perdió el miedo”.
El Consejo Nacional Empresarial, una de las filiales del poderoso sector privado, sentó postura este lunes en un comunicado sobre la participación de negocios en la convocatoria para un paro por la crisis electoral en Guatemala.
“Consideramos también importante recalcar que los ataques a la democracia seguirán pase lo que pase a partir del 25 de julio y deberemos estar dispuestos a parar a nivel nacional para defender ya sea la posibilidad de votar, que por ahora parece garantizada, ya sea que se respete la decisión del pueblo en las urnas”, acotó la gremial en un comunicado.
Tanto Rodas como Aldana señalaron también que en el país aparte de los intentos por obstaculizar el proceso electoral también existe en silencio la persecución continua contra periodistas independientes y contra funcionarios judiciales.
Los ejemplos del periodista José Rubén Zamora y la fiscal Virginia Laparra –dijeron- son ejemplo claro de los alcances de la persecución judicial contra individuos y partidos políticos “no alineados”.
El Ministerio Público dijo la semana pasada que las acciones de allanamientos realizadas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Movimiento Semilla, no tienen como objetivo interferir en la celebración de elecciones el 20 de agosto “ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje”, pero que las investigaciones continúan.
El TSE pidió el viernes a la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar a la fiscal general Consuelo Porras y otros operadores de justicia ante la inminente la “amenaza cierta, futura e inminente" de esos funcionarios al Estado democrático de derecho de Guatemala.
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