La discusión del proyecto de Ley de Cooperación Internacional que avanza en el Parlamento de mayoría chavista y que, según activistas, amenaza con restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro, genera alarma entre representantes de la sociedad civil venezolana, que advierten sobre las consecuencias que tendría para los sectores más vulnerables.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización defensora de Derechos Humanos PROVEA, alerta que son los ciudadanos beneficiarios de las organizaciones que han asumido funciones que el Estado “no puede satisfacer” quienes resultarían perjudicados.
“Toda esa ayuda, el apoyo, se encuentra ahora en riesgo. Para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y además invisibilizar, silenciar a las voces críticas”, dijo en conferencia de prensa.
“Si para Nicolás Maduro, Daniel Ortega es un ejemplo, para PROVEA el Centro Nicaragüense de DDHH es nuestro ejemplo. A pesar de toda la persecución, ellos se mantienen dentro de Nicaragua, acompañando a las víctimas y denunciando las situaciones de violaciones a los DDHH”, añadió.
A juicio de Uzcátegui, se trata de un acto en represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales”, expresó.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que la intención no es solo “controlar”, sino mantener sometidas a las ONG, y explicó a la Voz de América que el proyecto de ley es “idéntico” a uno presentado en 2005, pero con algunos cambios, entre ellos la exposición de motivos, que resulta “mucho más agresivo que el original”.
El artículo 26 del anteproyecto establece que serán sometidas a “evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva” aquellas organizaciones que desarrollen actividades de cooperación internacional en Venezuela y participen “de manera directa o indirecta” con otras asociaciones, gobiernos u organismos internacionales, “en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales” contra Venezuela.
Daniels también precisa que, de aprobarse el proyecto, se derogaría la Ley de Cooperación de 1958, que establece obligaciones sobre la cooperación del gobierno.
“Por ejemplo, el artículo 5 habla de que se garanticen los cobros de créditos que se den en cooperación que es precisamente lo que no está haciendo el gobierno venezolano cuando condona deudas al Caribe, en perjuicio del patrimonio venezolano”, detalla el experto en derecho internacional humanitario.
“Este proyecto asfixia a las organizaciones de derechos humanos y en el caso de la ayuda que en materia de cooperación da el gobierno a otros países no establece ninguna obligación. Ahí se ve que hay un tratamiento discriminatorio”, agrega.
Daniels expone que el hecho de que se establezca la obligatoriedad de informar al Estado y a particulares sobre las actividades de las ONG, vulnera el derecho de confidencialidad de quienes reciben apoyo, entre ellos pacientes de distintas patologías y victimas de derechos humanos.
La situación, estima, podría imposibilitar la labor de organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
“Muchos donantes podrían decidir que en esas condiciones no van a seguir proporcionando la ayuda y eso sería muy peligroso”, comentó a la VOA.
El Foro por la Vida, una coalición de organizaciones defensoras de DDHH, advierte sobre los “grandes daños” que la ley podría producir a las ONG “en un contexto de cierre del espacio cívico”.
“El proyecto de ley es una reedición de la tesis del enemigo interno que despoja a la población venezolana de los recursos y mecanismos de protección internacional en medio de la emergencia humanitaria compleja”, subrayó en un comunicado.
En marzo del año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria.
La normativa fue considerada “ilegal” por especialistas y más de 600 organizaciones que exigieron derogar la norma.
En varias ocasiones representantes del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el diputado Diosdado Cabello, han arremetido contra las ONG y las han acusado de ser “instrumentos de desestabilización” y de recibir recursos de la Unión Europea o Estados Unidos para conspirar contra Venezuela.
Desigualdad y abusos
El informe anual sobre la situación de DDHH en Venezuela elaborado por PROVEA revela que en 2021 persistieron los retrocesos en derechos sociales y los abusos contra los derechos fundamentales.
El afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, un ajuste que “genera una desigualdad histórica”, la actuación de los organismos internacionales de derechos fundamentales y las amenazas contra la sociedad civil e intentos de mayores clausuras del espacio cívico, marcaron la situación en 2021, de acuerdo con la organización.
Lisette González, coordinadora de investigación de PROVEA, detalló que a pesar del seguimiento internacional, que se ha convertido en un “muro de contención” contra el autoritarismo, “continúan los abusos”.
“En el caso del derecho a la vida, durante 2021 se registraron 1.414 personas asesinadas por policías y militares entre enero y diciembre (…) en el derecho a la integridad personal se logró registrar 241 víctimas de torturas a nivel nacional y eso significa un aumento importante de 148% con respecto al año anterior”, resaltó.
González reiteró las alarmantes cifras de la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) calculan la pobreza extrema en el país en el 76,7%.
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