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¿Por qué se habla de extradición en el caso legal contra Donald Trump?


Un oficial de policía custodia frente a la Trump Tower, en la ciudad de Nueva York, el 22 de marzo de 2023, días después de que se publicara un mensaje en la cuenta de Truth Social del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmaba que esperaba ser arrestado.
Un oficial de policía custodia frente a la Trump Tower, en la ciudad de Nueva York, el 22 de marzo de 2023, días después de que se publicara un mensaje en la cuenta de Truth Social del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmaba que esperaba ser arrestado.

La acusación contra Donald Trump por parte de un gran jurado en Nueva York pone sobre la mesa la posibilidad de que autoridades locales pidan la extradición del ex presidente desde Florida, estado donde reside.

Luego de la acusación contra Donald Trump, el expresidente de Estado Unidos quedó ante dos posibilidades: presentarse voluntariamente en el tribunal en Manhattan o enfrentarse a un proceso de extradición desde Florida, estado donde se ubica Mar-a-Lago, su residencia oficial, para ser arrestado.

En EEUU, cada uno de los 50 estados es soberano, es decir, tiene el poder de gobernar a sus residentes con sus propias leyes y agencias estatales de seguridad, educación, transporte, entre otras. Por lo tanto, para arrestar a una persona acusada de cometer un crimen en un estado diferente al que reside, -en este caso Florida-, las autoridades de Nueva York deben solicitar una extradición.

Los abogados de Trump adelantaron que el exmandatario se presentará voluntariamente ante la corte el martes en la tarde, lo que eliminaría la necesidad de solicitar una extradición. Sin embargo, en el caso de que decidiera no entregarse, iniciaría un nuevo proceso legal para solicitar su extradición.

Brian Kalt, profesor de derecho en Michigan State University y experto en leyes constituciones explicó a Voz de América que en la Constitución de EEUU, que rige a todos los estados, existe una claúsula de extradición que establece que “una persona acusada en cualquier estado de traición, delito u otro crimen, que huya de la justicia y sea encontrada en otro estado, a requerimiento de la autoridad ejecutiva del estado del cual huyó, será entregada para ser removida al Estado que tiene jurisdicción sobre el delito”.

Además, las leyes de extradición interestatal en Florida establecen que el proceso involucra a los gobernadores de cada estado.

En el caso de Trump, comenzaría con una solicitud por parte del fiscal del distrito ante la oficina de servicios legales de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Luego, Hochul debería enviar una carta firmada al gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitando la extradición del expresidente. Su carta deberá incluir una copia de la acusación que describa los cargos.

Una vez recibida, DeSantis tendría que evaluar la solicitud, confirmar que está en su poder y proceder a la firma. Sin embargo, poco después de conocerse de la acusación contra Trump, DeSantis adelantó que Florida “no asistirá en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan”.

DeSantis arremetió contra el fiscal Alvin Bragg, quien lleva el caso contra Trump, que tildó en sus redes sociales de haber “torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal. Sin embargo, ahora está estirando la ley para apuntar a un oponente político”.

¿Podría DeSantis detener una petición de extradición contra Trump?

Kalt dijo a la VOA que el estatuto federal y una decisión de la Corte Suprema de 1987 en el caso Puerto Rico v. Branstad, establece que el gobernador de un estado no tiene discreción sobre extraditar o no a una persona, y un tribunal federal puede hacer cumplir el deber del gobernador si fuera necesario.

Las únicas razones por las que un gobernador puede negar una solicitud de extradición se refieren a que los documentos no estén en orden, que no haya una acusación formal, que los nombres en los documentos estén mal escritos o que la persona no sea un fugitivo.

Sin embargo, DeSantis sí podría ralentizar el proceso pidiéndole a su oficina de asuntos legales que investigue la petición y escriba un informe al respecto antes de aprobarla. Sin embargo, si la petición es legítima, está en la obligación de firmarla dentro de 60 días.

El experto en derecho constitucional aseguró que no tiene conocimiento de maneras legales en las que Trump podría detener su extradición, sin embargo, “podría solicitarlo a la corte, pero podría perder esa pelea. Hacerlo al menos atrasaría las cosas”.

La oficina de Trump anunció durante el fin de semana que el ex presidente se dirigiría al público en la noche del martes desde su residencia en Palm Beach, Florida, luego de presentarse ante la corte en Nueva York.

Durante el proceso, al ex mandatario le tomarán las huellas dactilares y una fotografía antes de ser puesto en libertad bajo palabra.

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    Salomé Ramírez Vargas

    Salomé Ramírez Vargas es una periodista multimedia radicada en Washington, desde donde produce historias de interés para América Latina con enfoque en temas como políticas migratorias, economía y cultura.

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