En diversas ocasiones, representantes de la oposición venezolana, organizaciones y defensores de derechos de derechos humanos han denunciado la existencia de “puntos rojos” del chavismo durante los procesos electorales en Venezuela.
Más allá de estructuras que normalmente constan de un toldo (rojo por lo general), sillas, cornetas con música o consignas alusivas al partido de gobierno, y donde se reúnen grupos de personas afines al chavismo, ¿de qué se tratan?
Francisco Castro, director de la Asociación Civil Súmate, explica que son puntos de “control político” donde se llevan a cabo diversas actividades, como repartición de beneficios, control de la estrategia de movilización del partido de gobierno o la implementación de tecnología para escanear el código QR del carnet de la patria (considerado un mecanismo de control social).
Comúnmente son instalados a menos de 200 metros de un centro de votación y en algunos casos “dentro de la estructura del centro mismo”.
“Es el tipo de práctica que hemos identificado en el pasado en estos puntos. Además de intimidar, coaccionar a los electores, hemos visto cómo se hacen puntos rojos para que después de ejercer el derecho al voto pasen por ahí registrándose”, detalla Castro.
Subraya que la metodología de los puntos rojos, que se profundizó a partir de las elecciones regionales del 2017, ha sido coaccionar, “diciéndote si votas por mi te premio y si votas en contra te castigo”.
Elecciones del 21 de noviembre
Castro explica que, como en otros procesos, el domingo Súmate monitoreó la presencia de los puntos de control, encontrando una disminución de los “tradicionales” puntos rojos (aquellos con toldos).
“Encontramos también un porcentaje de centros, alrededor del 50%, donde había los puntos rojos, pero sin la estructura física, eran las mismas 4 o 5 personas, pero sentadas en una acera, un grupo disimulado en una esquina, pero haciendo las mismas tareas”, afirma.
La incidencia de las estructuras en los centros de votación donde históricamente el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha obtenido la mayor cantidad de votos es del 90%, por lo que, según Castro, la estrategia ha consistido en eliminar la “visibilidad” de los puntos rojos para concentrarla en estratos más oficialistas, donde el acceso de medios de comunicación u observación electoral es menor.
Otro hallazgo, apunta, es la “profundización” de los llamados “jefes de calle”, personas que cumplen “funciones de organización local del Estado” y son los encargados de la distribución de alimentos, bombonas de gas doméstico y censos locales para recibir beneficios.
De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), que observó más de 700 centros de votación en todo el país, en aproximadamente 6 de cada 10 centros había puntos rojos y en 1 de cada 4 encontraron puntos de partidos “no oficialistas”.
Luis Lander, director del OEV, afirmó que “ni el oficialismo ni la oposición respetaron los acuerdos anunciados anteriormente, ni el CNE hizo los esfuerzos necesarios para remover esos puntos”.
“Sigue siendo una tarea pendiente que debemos lograr que efectivamente el día de las elecciones no haya puntos en las cercanías de los centros de votación porque eso está legalmente prohibido”, puntualizó.
En los puntos partidistas, el día de la elección se hace propaganda por un determinado candidato o partido, lo que está prohibido por Ley Orgánica de Procesos Electorales.
“Son campaña electoral y se está violando esa disposición que prohíbe que fuera de la campaña se haga promoción de candidatos y de partidos”, insistió Lander.
En su informe preliminar sobre las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo en Venezuela, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea expuso que los observadores fueron testigos de puntos rojos en los 23 estados del país y en el Distrito Capital, “a pesar de su prohibición explícita por el CNE”.
Horas antes de las elecciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, recordó que los puntos partidistas cerca de los centros electorales estaban prohibidos.
“Eso forma parte de las primeras decisiones que tomamos como parte de las garantías de los ciudadanos. Estaremos muy pendientes de que así se cumple. Lo hemos coordinado con el Plan República en varias reuniones que hemos realizado con ellos”, dijo
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