En menos de una semana, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega nombró a dos de los funcionarios sancionados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá como asesores. La extitular del ministerio de salud Sonia Castro pasò a ser asesora presidencial en temas de salud; mientras que Francisco López Centeno, expresidente de la junta directiva de Petróleos de Nicaragua (PETRONIC) y tesorero del Frente Sandinista, se convirtió en ministro asesor para la producción y el comercio.
El politólogo José Antonio Peraza considera que estos nombramientos representan un severo golpe al presupuesto general de la república. “Que quiere decir que van a ver dos salarios, dos personas trabajando en los mismo, posiblemente que uno haga la función política y otro la administrativa, pero independientemente de todo ese tema, ¿por qué tenemos que estar en estas condiciones? Eso es más gasto, más presión al presupuesto”, aseguró el analista.
Peraza sostiene que el presidente ha creado un gabinete paralelo, que representa un fuerte gasto presupuestario en medio de una profunda crisis de las finanzas públicas. “Eso es más presión al presupuesto, se ha reducido ese presupuesto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar el país, ir a una elección para que estas cosas desaparezcan y no nos sigan amenazando con sanciones que afectan al gobierno de Nicaragua pero que afectan a toda la ciudadanía. ¿para que queremos dos personas ganando, haciendo cosas paralelas, en cada uno de los ministerios?”, cuestionó.
Para oficializar los nombramientos el presidente Daniel Ortega se valió de las reformas al reglamento de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, que le faculta para poder nombrar ministros y viceministros cuando lo estima conveniente, acción que Suyen Barahona, opositora política integrante del Frente Amplio por la Democracia, calificó como despreciable.
“Muestra lo que es, su naturaleza dictatorial, corrupta, el dinero que se está utilizando para pagar ese nuevo asesor es de nuestros impuestos, es de la población, lo que muestra es su insensibilidad con la población y con el sufrimiento de la población”, dijo Barahona a la Voz de América.
Los asesores presidenciales de Daniel Ortega aumentaron a 26 con estos nuevos nombramientos, cargos que según los opositores políticos son premios para familiares amigos y operadores políticos.
La exministra de salud Sonia Castro es señalada de haber dado órdenes en los hospitales públicos de no atender a quienes resultaron heridos en las protestas sociales iniciadas en abril del 2018; mientras Francisco López es acusado de corrupción y violación a los derechos humanos.
El presidente Daniel Ortega además nombró a Arlette Cristina Marenco Meza en el rango de ministra asesora para relaciones internacionales. En el caso de Marenco, si bien pasa como “ministra asesora”, el gobierno la mantiene además como viceministra general de relaciones exteriores y secretaria de cooperación de la Cancillería, cargos que seguirá ejerciendo, aunque “sin goce de salario”, según el decreto presidencial.
