La empresa minera Glencore ha protestado este viernes 22 de junio por la nacionalización de la mina boliviana de Colquiri, proveedora de zinc y estaño, ubicada a 250 kilómetros al sur de La Paz, por parte del gobierno del país.
Glencore reclama a al gobierno, liderado por Evo Morales, que se lleve a cabo una transición ordenada y que se compense “equitativamente” a sus trabajadores. “Esta decisión genera interrogantes serios sobre la futura política del gobierno con los inversores extranjeros en el sector minero”, declaró la empresa en un comunicado.
El gobierno boliviano ha nacionalizado la mina, según la compañía, “por decreto inmediato”. La decisión se produce en un momento en el que se estaban llevando a cabo las renegociaciones de los contratos mineros , orientados a aumentar la participación del gobierno en más de la mitad (un 55%) de los beneficios.
La mina de Colquiri, perteneciente a la filial Sinchi Wayra desde el año 2005, ha pagado al Estado de Bolivia más de 70 millones de dólares a través de impuestos.
La nacionalización tiene lugar tras varias semanas de violentas protestas, que han dejado 18 heridos; y después de la estatalización de las industrias bolivianas del gas y de la electricidad.
Glencore reclama a al gobierno, liderado por Evo Morales, que se lleve a cabo una transición ordenada y que se compense “equitativamente” a sus trabajadores. “Esta decisión genera interrogantes serios sobre la futura política del gobierno con los inversores extranjeros en el sector minero”, declaró la empresa en un comunicado.
El gobierno boliviano ha nacionalizado la mina, según la compañía, “por decreto inmediato”. La decisión se produce en un momento en el que se estaban llevando a cabo las renegociaciones de los contratos mineros , orientados a aumentar la participación del gobierno en más de la mitad (un 55%) de los beneficios.
La mina de Colquiri, perteneciente a la filial Sinchi Wayra desde el año 2005, ha pagado al Estado de Bolivia más de 70 millones de dólares a través de impuestos.
La nacionalización tiene lugar tras varias semanas de violentas protestas, que han dejado 18 heridos; y después de la estatalización de las industrias bolivianas del gas y de la electricidad.
