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Protestas contra presidenta Boluarte se centran en capital de Perú


Un manifestante enarbola una bandera de Perú durante una concentración en Cusco, antes de partir rumbo a Lima, el 18 de enero de 2023.
Un manifestante enarbola una bandera de Perú durante una concentración en Cusco, antes de partir rumbo a Lima, el 18 de enero de 2023.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.

Manifestantes antigubernamentales, principalmente de las regiones del sur de Perú, comenzaron a llegar el miércoles a la capital para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en una protesta que se extenderá hasta el jueves y que fue denominada "Toma de Lima", en desafío al estado de emergencia.

La policía elevó esta semana la vigilancia de las carreteras de ingreso a Lima tras la partida desde distintas regiones del interior del país de buses y camiones con manifestantes hacia la ciudad, que ha suspendido sus festejos por los 488 años de su fundación el 18 de enero.

En las protestas se demanda además el cierre del Congreso, una nueva Constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso.

Al menos 42 personas han muerto en enfrentamientos y otras ocho fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con las manifestaciones, tras más de un mes de protestas.

El representante de la Defensoría del Pueblo de la región norteña de La Libertad, José Luis Aguero, dijo al diario local La República que el miércoles una mujer de 51 años murió por un paro cardíaco porque no fue atendida rápido debido al bloqueo de una vía.

Asimismo, una adolescente gestante no llegó a tiempo a un hospital por otro bloqueo y "su neonato de 28 semanas" falleció.

Boluarte, que ha pedido "perdón" por las recientes víctimas y reafirmado que no va a renunciar, amplió la semana pasada por 30 días más el estado de emergencia para Lima y las regiones de Puno y Cusco, que han sido focos de las protestas.

La emergencia, que restringe derechos como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, faculta a las fuerzas armadas a ayudar a mantener el orden público.

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