Un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes protestará ante el Congreso de Nuevo México por la nueva orden de preguntar sobre su situación migratoria a los detenidos por delitos.
La gobernadora republicana Susana Martínez, del estado de Nuevo México, Estados Unidos, dictó la semana pasada una nueva orden que obliga a la policía estatal a preguntar a los inmigrantes sobre su situación legal en el país cuando sean detenidos por un delito.
El colectivo Somos un Pueblo Unido protestará por este dictamen al considerarlo una legislación anti inmigración.
La gobiernadora Martínez también ha mostrado su apoyo a la revocación de una ley que permite licencias de conducir para inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva es contraria a una política instaurada en 2005 por el entonces gobernador demócrata Bill Richardson, que prohibió a la Policía estatal preguntar por la situación legal de las personas con el único propósito de determinar si violaba las leyes federales de inmigración.
Martínez dijo que las fuerzas de seguridad de las agencias estatales no podrán preguntar por la situación inmigratoria a las víctimas de delitos, a los testigos de un delito o a quienes busquen asistencia policial, sólo a los autores del delito.
