En una carrera contra el tiempo se encuentran los legisladores en el Congreso de Estados Unidos, quienes tienen actualmente 40 días para aprobar los presupuestos anuales que mantengan a las agencias del gobierno abiertas.
El pasado sábado, ante la inminente llegada del nuevo año fiscal, el gobierno estadounidense estaba bajo la amenaza de un cierre debido a la falta de financiación. Sin embargo, pocas horas antes de la media noche, los legisladores lograron un acuerdo bipartidista para promulgar una resolución continua que mantendrá abierto el gobierno hasta el 17 de noviembre de 2023.
La resolución continua fue promulgada luego de que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, cediera a buscar apoyo demócrata y desistiera en la exigencia de fuertes recortes del gasto. Este movimiento le costó la posición a McCarthy, quien el martes fue destituido de su puesto tras un voto histórico en el cuerpo legislativo.
Ante la vacancia en la presidencia de la Cámara de Representantes, y la falta de negociaciones en leyes de presupuesto finales, el panorama después de noviembre parece complicarse, según expertos.
¿Qué es una resolución continua o CR?
La ley que permitió al gobierno seguir operando es conocida en EEUU como una “resolución continua” o CR. “Es esencialmente una asignación temporal del Congreso que continúa financiando al gobierno en los niveles acordados para el año fiscal anterior”, dijo a la Voz de América Colin Seeberger, asesor principal de comunicaciones del Center for American Progress, un centro de pensamiento en Washington.
Cada una de las agencias del gobierno federal se financia anualmente mediante la promulgación de 12 leyes en el Congreso, donde comisiones de apropiaciones entran en negociaciones sobre las cantidades que se asignan a cada una.
Sin embargo, cuando esas leyes no se promulgan antes del inicio del año fiscal el 1 de octubre, se deben aprobar resoluciones continuas para mantener financiadas las actividades de las agencias hasta que se tomen medidas permanentes. De no lograrse ninguna de las dos, el gobierno cierra.
“Las diferencias entre las dos cámaras se negocian y el resultado de las negociaciones es aprobado antes de que los proyectos de ley pasen al presidente para su firma. Es un proceso largo, que requiere mucho tiempo y probablemente no haya muchas posibilidades de que puedan actuar sobre los 12 proyectos de ley en los próximos 40 días”, dijo a la VOA Steven Smith, profesor de ciencias políticas en la Universidad Washington en San Luis, Misuri.
Un reporte del Congreso detalla que los CR proporcionan financiación para determinadas actividades. Por ejemplo, en la recién promulgada, se extiende flexibilidad a los Departamentos del Interior y de Agricultura para mantener los aumentos en salarios a unos 10.000 bomberos federales. Además, incorpora 16.000 millones de dólares en fondos de recuperación de desastre.
Otras características son el límite de tiempo con que se promulgan, y la prohibición del uso del presupuesto para nuevas actividades no financiadas en el año fiscal anterior.
Desde 1998 hasta 2023, el Congreso ha tenido que aprobar 132 resoluciones continuas para mantener el gobierno abierto mientras transcurren las negociaciones. Lo que hace este un panorama que se ha repetido en el pasado.
¿Cuáles han sido los obstáculos en la negociación?
El financiamiento a los esfuerzos militares de Ucrania, la protección de la frontera y las inversiones en programas de ayuda social han sido temas coyunturales en la negociación entre demócratas y republicanos.
“Estamos hablando de proyectos de ley que quitarían fondos a las fuerzas del orden federales y al mismo tiempo eliminarían fondos para programas de prevención de la violencia”, dijo Seeberger sobre las propuestas republicanas al presupuesto.
Mientras tanto, los conservadores como Marjorie Taylor Greene aseguran que no apoyarán “enviar el dinero de los impuestos de los estadounidenses al corrupto Ucrania. Defiendan la frontera”.
Entre los acuerdos de último minuto en la resolución continua fueron dejar fuera fondos adicionales para Ucrania, lo que se presentaba como uno de los temas prioritarios de los demócratas que había recibido críticas de los republicanos.
Ahora, con la vacancia en la presidencia de la Cámara de Representantes, la mayoría republicana podría plantearse sus prioridades antes de elegir un nuevo legislador para la posición.
Smith abundó en que la salida de McCarthy retrasaría las negociaciones “al menos una semana”, mientras los republicanos intentan elegir un nuevo presidente. “Casi el 25 % del tiempo lo utilizarán los republicanos para volver a poner la casa en orden. Y entonces existe esa complicación obvia”, agregó.
Por su parte, Seeberger abundó en que la elección de un nuevo presidente es una “distracción” de las negociaciones del presupuesto.
“Después de que los republicanos decidan quién será su presidente, los líderes tendrán que elaborar un plan sobre cómo negociar con los demócratas y hacer pasar los proyectos de ley de asignaciones a la Cámara y luego al Senado. Es muy dudoso que se apruebe el presupuesto completo. Lo más probable es que el mejor acuerdo sea continuar con las resoluciones para mantener abierto el gobierno”, dijo a la VOA William Hatcher, profesor de ciencias sociales de la Universidad Augusta en Georgia, EEUU
¿Qué sucede si no se logra un acuerdo antes del 17 de noviembre?
“Existen maneras para que los miembros del partido mayoritario sigan aplicando un enfoque bipartidista de sentido común. Pero tendrán que abandonar el enfoque radical de extrema derecha que han adoptado para recortar las inversiones, y si no lo hacen, es muy probable que el país corra el riesgo de cerrar”, explicó Seeberger.
De no lograrse la aprobación de las leyes presupuestarias en los próximos 40 días, el Congreso tendría que disponerse a promulgar una nueva resolución continua que extienda la apertura del gobierno más allá del 17 de noviembre.
“Si no actúan, adoptarán otra (CR) o habrá un cierre hasta que consigan una. Y esa estrategia, cómo abordarán esto los republicanos, será un tema en las deliberaciones de los posibles presidentes la próxima semana”, dijo Smith.
¿Cuáles serían los impactos al público general en un cierre del gobierno?
“No importa cuál sea su ideología sobre el tamaño del gobierno federal, un cierre nos afecta a todos”, apuntó Hatcher.
El cierre del gobierno federal implicaría que unos 2.2 millones de trabajadores federales podrían ver retrasos en el pago de sus salario, mientras cerca de 4 millones contratistas federales podrían incluso no recibir pagos.
Sin embargo, no serían solamente los empleados federales los afectados, explicó Smith. “Hay muchísimas personas que dependen de los servicios del gobierno federal, van a los parques nacionales, obtienen un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas y reciben ayuda financiera del Departamento de Educación”.
Todos estos serían detenidos en el caso de un cierre.
Además, miles de proveedores que brindan servicios al gobierno federal, “desde papel para impresoras hasta computadoras, verán que los pagos se retrasarán y eso tiene efectos sustanciales en la economía”.
Seeberger agregó que el CAP estima que un cierre podría impactar a algunos centros de preparación preescolar y escolar, lo que afectaría los beneficios de niños en áreas de bajos recursos. “Los padres que trabajan dependen de que sus hijos vayan a la escuela con frecuencia para poder trabajar”, apuntó.
Inspecciones de seguridad alimentaria, ferroviarias y quejas de seguridad en el espacio de trabajo tampoco podrían realizarse en igual medida.
“El impacto duradero es que se trata de un fallo más en nuestro sistema de gobernar día a día. Esto perjudica la eficacia del sector público, nuestra confianza en el gobierno y la condición general de nuestra democracia cuando no se realiza el trabajo básico”, concluyó Hatcher.
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