La posibilidad de que Colombia retire su denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), presentada con motivo de las protestas antigubernamentales de 2017, no tiene ninguna implicación jurídica sobre la investigación en curso, explican especialistas consultados por la Voz de América.
Días atrás, al ser consultado en una entrevista por la agencia de noticias Bloomberg, el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Armando Benedetti, asomó la posibilidad de retirar la solicitud ante la Corte en La Haya.
“Yo creería que sí. Lo que hizo Duque fue un error craso de las relaciones exteriores”, respondió Benedetti.
Ali Daniels, abogado especialista en derecho internacional y director de la organización Acceso a la Justicia, explica que, al estar en fase de investigación, un eventual retiro de la remisión por parte de Colombia no tiene significación, por lo que valora las declaraciones del diplomático colombiano como “políticas y no jurídicas”.
Sara Fernández, coordinadora de incidencia de la organización CEPAZ, afirma que el hecho de que uno de los Estados que refirió la situación se retire es “simbólico”.
“El impacto jurídico que tiene es nulo en la investigación que va a continuar y va a ser la fiscalía que va a continuar estableciendo las líneas de investigación. Tiene un efecto político de demostrar que Colombia no está respaldando la investigación”, expuso la abogada especialista en derecho internacional.
Para Emilio Figueredo, abogado y profesor de derecho internacional, se trata de una “mala señal” respecto a la radicalización verbal del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), aseguró que las declaraciones de Benedetti fueron “engañosas y contradictorias” que no pasan de ser un “ardid político, sin implicaciones jurídicas”.
“El presidente Petro tendrá que aclarar si comparte el criterio de su embajador Benedetti o si este habló por su cuenta y no por la de él; Benedetti contradice lo hasta ahora sostenido por el presidente Petro en cuento a juzgar los crímenes”, continuó el comité en un comunicado divulgado el lunes.
En febrero del 2018, de motu proprio, la fiscalía de la CPI, abrió un examen preliminar denominado caso Venezuela I, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril del 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Ese mismo año, los gobiernos de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, todos Estados parte del Estatuto de Roma, “decidieron referir” la situación de Venezuela ante la fiscalía de la CPI, hecho que los expertos valoran como “un gesto” de apoyo a las acciones de la exfiscal de la corte internacional, Fatou Bensouda.
En noviembre de 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A principios de este año, en declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro, durante una visita oficial que solo se hizo publica al termino de la misma, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que había acordado con el Estado venezolano abrir una oficina de la fiscalía en Venezuela.
El gobierno de Maduro inició una serie de “reformas” en el sistema de Justicia que, según diversos sectores, no habrían impulsado la presencia de tribunales ni imparciales ni independientes.
Status actual
En abril, la fiscalía de la CPI notificó que pedirá a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal que autorice la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”.
El Estado venezolano había solicitado un aplazamiento de la investigación, objetando que “está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos en concordancia con la información facilitada” el diciembre del año pasado.
Khan, el fiscal de la CPI, argumentó que Venezuela no “adjuntó material de respaldo” y, en cambio, se refirió a los “nueve informes que había presentado previamente a la fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación”.
Actualmente, se espera que el fiscal introduzca la solicitud formal para la continuación de la investigación.
“Explicando cuál es la evidencia que tiene hasta el momento, cuáles son los posibles crímenes que quiere investigar; ahorita estamos en el momento en el que fiscal le dijo a la sala que no se va a inhibir, pero no ha introducido todavía la solicitud formal para continuar con la investigación”, sostiene Fernández.
Además, la especialista subraya que ni el Estatuto de Roma ni el reglamento de Procedimientos y Pruebas, instrumento que regula el proceso, establecen un tiempo para que el fiscal presente el documento.
“Pero sí hemos escuchado por parte, tanto del fiscal como de la fiscal adjunta que quieren hacerlo lo antes posible entonces estamos esperando que se haga este año o máximo a la entrada del año que viene porque lo que ellos notificaron es que quieren hacerlo lo antes posible”, precisa.
A su juicio, cuando el fiscal introduzca el escrito habrá mayor información sobre cómo ve el fiscal la investigación, es decir, sobre cuáles considera que son los delitos que se deben investigar y sobre el contexto en el que cree ocurrieron los crímenes de lesa humanidad.
“Eso va a ser interesante para todos porque hasta ahora no hemos obtenido ninguna información desde que se notificó la apertura de la investigación el año pasado”, manifestó en conversación con VOA.
El gobierno venezolano inició una serie de “reformas” en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran “el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
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