Cuando la funcionaria rusa Maria Lvova-Belova dice que le “brotan las lágrimas” al ver “lo felices” que están los cientos de niños ucranianos que ha ubicado en hogares adoptivos en Rusia, esconde una cruel realidad considerada como "crimen de guerra" por el derecho internacional.
Los mensajes en sus redes sociales podrían parecer acciones benévolas de la comisionada del presidente ruso, Vladimir Putin, para Derechos de la Infancia; pero al deportar a miles de menores de edad ucranianos de las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania hacia territorio ruso y darlos en adopción, se está cometiendo una acción criminal.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que “la adopción nunca debe producirse durante las emergencias o inmediatamente después de estas”, y en contextos de conflicto -como el de Ucrania- no se puede dar por sentado que los niños son huérfanos y menos aún trasladarlos fuera de las fronteras nacionales sin consentimiento de la familia, lo que constituye un "crimen de guerra".
“Maria Lvova-Belova es una de las figuras más implicadas en la deportación y adopción de menores ucranianos por parte de Rusia, así como en el uso de campos para ‘integrar’ a los menores ucranianos en la sociedad y la cultura rusas", enfatizó un reciente estudio realizado por el Observatorio de Conflictos del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, Estados Unidos.
Y no se diga de otros hechos documentados, como las supuestas ejecuciones sumarias de civiles ucranianos en la ciudad de Bucha en la periferia de la capital Kiev, cuando las fuerzas rusas abandonaron el sitio a pocas semanas de iniciada la guerra se descubrió los cuerpos de decenas de civiles maniatados y ejecutados, que se conservaron a la intemperie por las gélidas temperaturas invernales de la región.
Moscú ha tildado de “absurdas” las revelaciones sobre la trama rusa para extraditar a menores ucranianos hacia su territorio, por la que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino unido han sancionado a la funcionaria y colaboradores.
El Departamento del Tesoro de EEUU ha dicho que "los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos en familias rusas, la llamada 'educación patriótica' de niños ucranianos, cambios legislativos para acelerar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la eliminación deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia”.
Afinar estrategias de investigación de casos
El año de guerra en Ucrania ha valido para innovar los mecanismos de documentación, investigación y procesamiento de información sobre violaciones de las leyes de guerra contra civiles en regiones de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas para organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
“Los casos que hemos documentado suponen una crueldad y una violencia indescriptibles y deliberadas contra la población civil ucraniana (…) La violación, el asesinato y otros actos violentos contra las personas bajo custodia de las fuerzas rusas deben ser investigados como crímenes de guerra”, ha dicho a la prensa Hugh Williamson, director de la división para Europa y Asia Central de HRW.
¿De dónde viene el derecho internacional para juzgar crímenes de guerra?
Los Juicios de Nuremberg, celebrados en Alemania entre 1945 y 1946 para encausar a los oficiales del régimen nazi acusados del promover el exterminio de millones de judíos y otras minorías durante la Segunda Guerra Mundial, se considera uno de los casos más notables de aplicación del derecho internacional para hacer justicia por la comisión de crímenes de guerra.
Sin embargo, el reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad data del medioevo en Europa, donde se definieron las primeras líneas para la doctrina militar y el “alcance” de una ocupación, que exigía respetar la vida de los civiles y sus bienes.
Pero es la segunda mitad del siglo XIX cuando se consagran los tratados internacionales de leyes de guerra, adaptados al Derecho Militar, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) resume como las pautas internacionales del derecho humanitario de lo que “se puede y no se puede hacer en una guerra”.
La Declaración de París de 1856 es el primer acuerdo bilateral con Inglaterra para el trato de civiles, sus vienes y el trato de prisioneros. En territorio americano es el Código Lieber de instrucciones para el Ejército de Estados Unidos, de 1863, en medio de la Guerra Civil estadounidense, que reúne los elementos doctrinarios de los militares en guerra. Este código lo adoptaron México y Chile, unas décadas después.
Luego vendrían otros tratados internacionales para regular el trato a los civiles, prisioneros y militares heridos en combate.
Sin un acervo legal vigente para enjuiciar a la cúpula militar alemana de la Segunda Guerra Mundial, los jueces y fiscales basaron su acusación en los preceptos doctrinales de los Tratados Internacionales de leyes de guerra.
Pero el ejercicio de revisión histórica para sentar en el banquillo a acusados de crímenes de lesa humanidad puede llevarse mucho más atrás; Katherine Miller, experta en Estudios Medievales y Renacentistas, pone como ejemplo el caso documentado por Fray Bartolomé de las Casas en un juicio realizado en Valladolid, España, 1550 y 1551 contra el sometimiento a indígenas americanos por emisarios de la Corona, que para justificar la “guerra justa” argumentaban que los indígenas no tenían alma ni merecían las salvación.
“Ganó el argumento de Bartolomé de las Casas y la decisión del debate eclesial fue que la evangelización podía proceder porque los indios sí tenían almas y merecían poder recibir salvación cristiana. Esta decisión sí produjo acciones concretas y positivas en la procedencia de la evangelización de los indígenas del Nuevo Mundo”, escribió la experta en un artículo especializado sobre 'El derecho internacional y los crímenes contra la humanidad', publicado en ElSalvador.com.
La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma
En el año 2000 justo para iniciar este siglo se designó a la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el Estatuto de Roma para ventilar los casos de crímenes de guerra, cuando estos no fueran investigados ni enjuiciados por los países, por falta de capacidad o por hacerlo de forma deliberada.
El Estatuto de Roma fue adoptado en la capital italiana, en 1998, por 160 países con el objetivo de establecer un tribunal capaz de juzgar “los delitos más graves” contra la humanidad, con capacidad de revisar de manera retroactiva crímenes de guerra.
La CPI tiene abiertos al menos 17 expedientes de crímenes de guerra en diferentes latitudes del planeta como República Democrática del Congo, República Centroafricana, Georgia, Ucrania, entre otras. La Fiscalía de la CPI es el único ente independiente facultado para llevar casos ante la Corte.
Como antecedentes inmediatos a la firma del Estatuto de Roma la comunidad internacional había contemplado perpleja como el mundo post Guerra Fría encaraba hechos como la Limpieza étcnica en la ex Yugoslavia en 1993, en la conocida Guerra de los Balcanes. Uno de los responsables sería condenado en 2017 a cadena perpetua.
En 1994 sucedería el Genocidio de Ruanda, en el que se calcula que un millón de personas fueron asesinadas por supuestas diferencias raciales entre dos grupos étnicos.
De vuelta a Ucrania y luego de un primer año de compilación de información sobre crímenes en el contexto de la guerra, la comunidad internacional ha avanzado en la acusación contra Rusia por los hechos documentados, el país eslavo niega cualquier vinculación y acusa a Occidente de “propagar mentiras”, en su contra.
El director de un orfanato en la ciudad de Jersón, Volodymyr Sahaydak, explicó en días recientes a Radio Free Europe, cómo funciona el sistema de deportación de menores ucranianos a territorio ruso, que dirige Maria Lvova-Belova, la comisionada de Putín para la infancia.
Sahaydak y su equipo lograron, con el apoyo de decenas de familias de la ciudad, poner a salvo -fuera la urbe ocupada- a unos 53 niños y adolescentes, pero otro grupo de 15 llevado luego por los militares rusos al centro no tuvo la misma suerte, pues intentar de nuevo la operación hubiese puesto en riesgo al primer grupo.
"Cuando los rusos comenzaron a huir de la región de Kherson el 19 de octubre, por supuesto que vinieron y se llevaron a los niños", dijo Sahaydak, quien siguió la pista a los infantes llevados por la fuerza que primero fueron trasladados a Crimea y luego a la ciudad rusa de Anapa, de donde se ha perdido la pista.
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