El gobierno de Estados Unidos extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, argumentando "condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura".
La medida extiende la fecha que determina la elegibilidad a la protección migratoria. Antes del anuncio, únicamente los venezolanos que demostraran presencia continua en EEUU hasta el 9 de marzo de 2021 podían acceder al TPS.
Ahora, la protección temporal contra la expulsión y la autorización de empleo podrán ser otorgadas para venezolanos que estaban en EEUU hasta el 31 de julio de 2023.
"Se justifica una extensión y redesignación del TPS ... debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad de Venezuela causadas por las persistentes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", indicó en un comunicado el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Actualmente hay unos 242.700 beneficiarios del TPS y hay aproximadamente 472.000 ciudadanos venezolanos adicionales que podrían ser elegibles bajo la redesignación.
Génesis Dávila, directora de la organización Defiende Venezuela en EEUU, aseguró que esta decisión de extensión es una muestra de que el TPS "ha funcionado" en ofrecer protecciones a los venezolanos.
"Lo más importante para los venezolanos que llegan acá es poder establecerse y sin un permiso de trabajo esto es muy difícil... ahora con esta permisología, quienes ya llegaron adentro de la fecha establecida para el TPS podrán asegurar un camino con muchísima más estabilidad que seguirá contribuyendo de manera positiva con la economía y el desarrollo de Estados Unidos", dijo.
Qué ofrece el TPS y a quiénes beneficia
El TPS es un estatus temporal de inmigración en EEUU que permite a las personas que ya se encuentran en el país, tener una protección contra la expulsión por ingreso ilegal.
Con la nueva extensión y redesignación, el TPS beneficiará a los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de este año.
"Es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que llegaron aquí después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para dicha protección y, en su lugar, serán expulsados cuando se determine que no tienen una base legal para quedarse", aclaró el texto.
Los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en Venezuela en la fecha establecida.
Las personas que hayan sido condenadas por delitos en EEUU o declaradas inadmisibles, no serán elegibles para el TPS. Tampoco lo serán quienes no cumplan con los requisitos de presencia física continua y residencia en EEUU.
"Los venezolanos son unas personas muy capaces, con muchísima resiliencia. No es casualidad que tantos de ellos hayan atravesado una selva entera con tantos riesgos para poder llegar hasta acá y aquí estén buscando las maneras de sobrevivir y trabajo... esto será algo que los impactará a ellos y a las futuras generaciones también", agregó Dávila.
Cómo comenzar la solicitud
Para registrarse al TPS, las personas deben someter un Formulario I-821 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés).
Los precios de radicación varían según la edad de las personas. Para menores de 14 años el total se acerca a 50 dólares, mientras personas entre 14 y 65 años, deben pagar unos 545 dólares.
Al registrarse para el TPS, las personas pueden someter su solicitud para un permiso de trabajo con el Formulario I-765.
Los formularios deben ser presentados bajo una fecha específica provista por DHS que será publicada en el Registro Federal y aún no se ha hecho pública.
La Casa Blanca apuntó en un comunicado que a partir del 1 de octubre, USCIS acelerará el procesamiento de solicitudes de Documento de Autorización de Empleo a personas que programaron una cita a través de CBP One.
Además, USCIS aumentará el período máximo de validez de los documentos de trabajo iniciales y de renovación a 5 años para ciertos no ciudadanos, incluidos aquellos admitidos como refugiados y solicitantes de asilo con el fin de reducir la frecuencia con la que los no ciudadanos deben solicitar la renovación de su autorización de trabajo.
[Con información de Yeny García, desde Nueva York]
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