Los venezolanos continúan enfrentando dificultades para acceder a los alimentos y persisten las críticas hacia el programa de alimentación gubernamental, expuso Michael Fakhri, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación que concluyó el miércoles una visita de dos semanas a Venezuela.
“Me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad”, afirmó en conferencia de prensa el miércoles.
Fakhri subrayó que en Venezuela la inseguridad alimentaria está “fuertemente correlacionada” con la crisis de los medios de sustento y recordó que la hiperinflación, con una tasa anual cercana al 190 % en 2023, y la dolarización informal de la economía venezolana “debilitan aún más el poder adquisitivo de los hogares”.
“Casi el 82 % de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de ingresos, y el 53 % está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. La situación también se ve agravada por el precio del combustible y la falta de electricidad y agua potable”, manifestó en su declaración final en la que destacó que la falta de datos oficiales dificulta la capacidad del gobierno para enfrentar con eficacia los retos y atender las necesidades más básicas de la población.
En ese sentido, el relator insistió en que el hambre no pertenece a partidos políticos, que se trata de una cuestión de derechos humanos y agregó que las familias venezolanas se ven obligadas a “utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación así que ellos reducen el tamaño de las raciones, o se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos”.
Fakhri resaltó, además, que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema de administración de alimentos del gobierno creado en 2016, que según datos oficiales reciben unos 7,5 millones de personas, cada vez recibe más críticas, entre ellas la “incoherencia” en la entrega.
“La frecuencia del suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas”, manifestó.
Aunque admitió que el CLAP “tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal” gubernamental, “se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación”.
Al respecto, el relator que visitó Caracas y los estados Anzoátegui, Miranda, Sucre y Zulia, donde sostuvo reuniones con representantes de alto nivel gubernamental y miembros de distintos sectores de la sociedad civil, instó al gobierno a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación.
El relator expresó especial preocupación por la situación de los niños y su exposición a mecanismos de supervivencia negativos como la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos.
“El futuro de Venezuela está en juego. Los niños suelen ir a la escuela sólo cuando se les sirve comida”, dijo.
Fakhri, que publicará su informe final en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del año próximo, reconoció que las medidas coercitivas han tenido un impacto negativo sobre el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que instituciones financieras internacionales proporcionen financiación alguna, por lo que llamó a los Estados pertinentes a revisarlas y levantarlas.
En 2021, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los DDHH, Alena Douhan, también afirmó que las sanciones “han dificultado la importación de alimentos”, llevando a la población a depender de programas sociales o a migrar del país.
Sin embargo, activistas insisten en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde al menos el 2015 precede a las sanciones.
En años recientes organizaciones de la sociedad civil han alertado que el deterioro institucional, la corrupción y las políticas públicas del Estado, entre ellas los excesivos controles de precios que se vivieron en una época, han causado importantes violaciones al derecho a la alimentación, provocando importantes niveles de desnutrición.
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