Funcionarios de inmigración de Estados Unidos están presionando por un cambio de política de inmigración que les permita enjuiciar a los padres detenidos que ingresan ilegalmente al país con sus hijos, informó The Washington Post.
En una nota obtenida por The Post, los funcionarios dicen que amenazar a los adultos con cargos criminales y prisión sería la forma "más efectiva" de terminar con la inmigración ilegal.
Pero si se aplica, la política también dividirá a miles de familias. La nota dice que los padres que se entreguen no serán enjuiciados.
La política actual permite que los padres sean liberados y reunidos con sus hijos mientras esperan el proceso de deportación civil.
El memorándum enviado a la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, el lunes, fue firmado por el director interino de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan; el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, L. Francis Cissna y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McAleenan, informa el Washington Post.
El memorándum advierte que la cantidad de intentos de cruce por parte de padres con hijos continuará en aumento si Nielsen no actúa. Dice que cerca de 700 intentos diarios se realizaron la semana pasada, el nivel más alto desde 2016.
La nota añade que la administración Trump intentó este enfoque en el sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, que abarca el oeste de Texas y Nuevo México, entre julio de 2017 y noviembre de 2017. Como resultado de ese experimento, dijo, el número de familias que intentaban cruzar ilegalmente cayó 64 por ciento.
"Esta disminución se atribuyó al enjuiciamiento de adultos ... Hay que anotar que las cifras comenzaron a aumentar nuevamente después de que la iniciativa se suspendió", indica el diario citando el memorando oficial.
Se reanuda programa de asesoría legal para inmigrantes
Pero también hubo buenas noticias esta semana en el tema de inmigración en EE.UU. El jueves (26 de abril), el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció durante una audiencia en el Comité de Apropiaciones del Senado que reactivará el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés), que permite a organizaciones que defienden a inmigrantes proveerles asistencia legal durante sus procesos ante tribunales.
El programa fue abruptamente suspendido dos semanas antes por el Departamento de Justicia. Sin embargo, el anuncio de Sessions no significa que el cambio sea permanente.
Más de 50.000 personas cada año y más de 4.000 inmigrantes detenidos solo en el área metropolitana de Washington D.C. reciben servicios legales críticos, dice la CAIR (Capital Area Immigrants Rights) una de las organizaciones pro-migrantes en la capital estadounidense que ofrecen esos servicios.
Según CAIR, el proceso en tribunales de las personas que reciben asesoría legal bajo el programa LOP es en promedio 13 días más corto que las personas que no reciben esos servicios. La organización también cita un estudio de 2012 del Departamento de Justicia, según el cual el gobierno ahorra $17.8 millones de dólares al año con el programa.
Otro dato que CAIR apunta como muestra de la importancia del programa LOP, es que de los miles de inmigrantes detenidos que anualmente enfrentan deportación en una corte de inmigración civil, un 86% se presenta en los tribunales sin una representación legal a la que tienen derecho, como es información y asesoría básicas.
