El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el miércoles de que Purdue Pharma, el fabricante del poderoso opioide OxyContin, se declaró culpable de tres acusaciones criminales y aceptó pagar más de 8.000 millones de dólares en multas.
OxyContin es un medicamento que requiere receta, y que según muchos expertos ayudó a desatar una epidemia nacional de opioides que ha sido responsable de más de 470.000 muertes por sobredosis desde el año 2000.
Como parte del acuerdo, Purdue Pharma admitió haber engañado al Gobierno federal al decir que mantenía un programa para evitar el traspaso de sustancias controladas de las personas a quienes le fueron recetadas a otras personas que las usarían ilegalmente.
Purdue Pharma también admitió haber violado leyes federales al pagar a doctores para emitir más recetas para sus opioides, y usar programas de computación de historiales médicos para influenciar la prescripción del medicamento para el dolor.
La compañía también admitió haber violado leyes federales al “intencionalmente y con conocimiento” conspirar para ser cómplice de médicos que recetaban el medicamento “sin un propósito médico legítimo”.
El acuerdo entre el gobierno y la farmacéutica no protege a ejecutivos de la compañía o a miembros de la familia Sackler, dueña de la compañía, de cualquier posible responsabilidad penal.
Al anunciarse el acuerdo en Washington, el fiscal general adjunto, Jeffrey Rose, dijo que “así como el Departamento persigue a traficantes ilegales de drogas, el Departamento está comprometido con hacer lo mismo sobre el abuso y desviación de opioides recetados”.
Rosen agregó que “el anuncio de hoy se enfoca en los problemas de las actividades ilegales en el ámbito de los opioides con recetas". "Déjenme señalar que nuestros esfuerzos ahí parecen estar haciendo una diferencia”, agregó.
Antes que el acuerdo fuera alcanzado, hubo oposición de la oficina del Fiscal General, legisladores demócratas y otros que pidieron al secretario de Justicia William Barr que no negociara con la compañía farmacéutica y la familia Sackler porque el acuerdo propuesto no los responsabilizaba de forma total.
La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo en una declaración que el Departamento de Justicia “falló” al “no exponer la verdad y no responsabilizar a los culpables, en lugar de apresurar un acuerdo antes de una elección”. El anuncio se produce menos de dos semanas antes que el presidente Donald Trump busque su reelección el 3 de noviembre.
En su carta a Barr, 38 legisladores demócratas dijeron que “si la única consecuencia práctica de la investigación de su departamento es que un puñado de milmillonarios sean un poco menos ricos, tememos que el pueblo estadounidense perderá confianza en la habilidad del Departamento para proveer la responsabilidad e igualdad ante la Ley”.
El acuerdo obliga a Purdue a hacer un pago directo al Gobierno federal por 225 millones de dólares, lo cual es parte de una confiscación de 2.000 millones de dólares. La compañía también afronta más de 3.500 millones en multas criminales, que posiblemente no tenga que pagar porque pasará por un proceso de bancarrota.
Además de pagar unos 2.800 millones en daños para responder a responsabilidades civiles, la compañía estadounidense tendrá que transformarse en una compañía de beneficio público que será manejada por un fideicomiso sin la participación de la familia Sackler.
El acuerdo, que se asemeja a la propuesta de la empresa para resolver unas 3.000 demandas presentadas por gobiernos locales, estatales y de poblaciones nativas, también requiere que una parte del dinero sea gastado en tratamientos médicos y otros programas para combatir la epidemia de los opioides.
