Las autoridades de seguridad salvadoreñas informaron el jueves que un presunto cabecilla de una pandilla murió en un combate con militares y policías durante rastreos en zonas rurales y montañosas del departamento de Cabañas y que al menos 12 miembros de esa organización criminal fueron capturados.
“Estamos a 48 horas de haber iniciado el cerco en Cabañas, ya tenemos entre 12 y 15 capturas”, dijo a periodistas el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, después inspeccionar la zona donde fue abatido el pandillero.
Agregó que el intercambio de disparos con la pandilla se registró cuando una patrulla combinada del ejército y la policía incursionó en el cerro Güiscoyol, ubicado en los limites de los departamentos de Cabañas y Chalatenango, a unos 90 kilómetros al noreste de la capital.
“Es así como se le da muerte a un pandillero, uno de los ranfleros (que forma parte del organismo de decisión), uno de los terceros al mando de la estructura criminal, del grupo armando que son remantes de la MS-13”, agregó. El jefe policial no identificó al supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha.
Después de la verificación de la zona donde murió el pandillero, los ministros de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional y el director general de la PNC se reunieron con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía para evaluar la situación y ajustar los planes para combatir a las estructuras criminales.
El gabinete de Seguridad dijo en un comunicado de prensa publicado por Casa Presidencial que “los terroristas sentirán todo el peso de la operatividad de las fuerzas de seguridad, policía y fuerza armada. Los operativos se extienden por tierra y aire”.
El lunes el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de más de 8.000 efectivos del ejército y de la PNC para perseguir y capturar a un grupo de pandilleros que el fin de semana emboscaron a una patrulla e hirieron de bala a dos policías.
Desde el 27 de marzo del año pasado y a pedido del presidente Bukele el Congreso aprobó el estado de excepción como parte de su estrategia de mano dura contra las estructuras criminales que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, tener asistencia de un abogado y conocer las razones de una detención. Esto le ha conllevado duras críticas de organismos de derechos humanos.
Bajo el régimen excepción más de 71.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. De ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, está en prisión sin condena firme. A su vez, más de 5.000 personas han sido liberadas debido a que no se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.
El Congreso también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de las pandillas, lo que puede sancionarse con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas podían recibir condenas de 40 a 45 años, pero recientemente el mismo Congreso elevó las penas hasta 60 años para los cabecillas.
También aprobó que puedan ser procesados en los tribunales de crimen organizado en grupos de 900 personas.
En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
Por varias décadas, las pandillas tuvieron presencia en comunidades y barrios populosos del país y según las autoridades han estado involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada, la extorsión a comerciantes y empresas del transporte y el asesinato de quienes se niegan a pagar.
