La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 120 escritos de Habeas Corpus, de personas que denuncian la violación de sus derechos humanos, tras haber sido detenidas, a pesar de no estar ligadas a las estructuras de las pandillas.
Los casos se han presentado en el marco del régimen de excepción para incrementar la operatividad policial que deja masivas capturas para desarticular a las estructuras de pandillas.
José Salvador Ruiz, una de las personas que acompañó a 12 familias que interpusieron los recursos y que esperan que funcione la institucionalidad, dice que son "testigos que no son pandilleros, no son delincuentes como se está diciendo, son casos que de los detuvieron injustificadamente, hay jóvenes que venían de trabajar de la cooperativa”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha brindado un informe oficial sobre la resolución de los recursos, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó recientemente que de los más de 28.000 detenidos, 168 personas fueron puestos en libertad porque se estableció que no tenían vínculos con las pandillas.
El presidente de la Asociación Nacional de la empresa privada ANEP, Agustín Martínez, dice que avalan las medidas que se aplican en El Salvador, desde el pasado 27 de abril contra las pandillas, pero consideran que autoridades deben resolver los casos en los que se denuncian excesos.
"Estamos viendo que hay algunas arbitrariedades que se han cometido y que hay que resolverlas, y en la medida en que se resuelvan esas situaciones la población va ir tomando más confianza", señaló Martínez.
En las afueras de distintas cárceles del país también se concentran grupos de personas que dicen buscan información de sus familiares que fueron detenidos y que deberán enfrentar los procesos de la fiscalía en los tribunales especializados de instrucción.
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