La lucha por oficializar los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales de Guatemala continuaba en vilo este lunes después de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden que bloquea la certificación.
La presidenta de la Corte Suprema, Silvia Patricia Valdés Quezada, dictaminó en tres fallos firmados sólo por ella y filtrados a la prensa local no oficializar los resultados de las elecciones generales del 25 de junio.
Valdés Quezada pedía al Tribunal Supremo Electoral un informe que explicara de qué forma se llevaron a cabo las revisiones de actas que recogieron los votos, cómo se hizo el cotejo de actas contra el sistema de cómputo usado para dar resultados previos y si ameritan modificaciones pertinentes.
Pablo Hurtado, secretario de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, expresó que la falta de certeza impacta negativamente en el proceso electoral.
“Se ha venido generando un proceso pérdida de confianza y credibilidad en la institucionalidad pública. Todo eso ha llevado a que cada vez más se encuentren en los procesos judiciales los mecanismos para dirimir controversias de índole político, que responden más a intereses particulares que a la propia protección del sistema democrático”.
El sábado, cientos de personas protestaban pacíficamente frente a la sede del TSE pidiendo que oficialice el resultado de las elecciones. David de León, portavoz de esa entidad, confirmó el sábado a AP que el tribunal pidió informes a las Juntas Electorales que revisaron las impugnaciones y que deberían de ser enviados en respuesta a la CSJ.
En tanto, los expertos no descartan que nuevos recursos legales que se presenten ante las cortes sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta.
“Nos da un poco de preocupación de que esto esté pasando, que lleguen más recursos a las cortes y la forma en que estas cortes vayan a decidir responder a los recursos legales”, dijo Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales.
Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó la semana pasada el embajador acreditado en Guatemala, William Popp.
“La demora en elecciones puede generar dificultades en el proceso, todo debería ser considerado en el marco de la ley, respetando la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Estamos como todos los socios, interesados en que el proceso siga y que el 20 de agosto haya una elección de la segunda vuelta del futuro presidente de Guatemala”, dijo Popp.
También la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en un comunicado que ve con preocupación “el intento de seguir judicializando el proceso electoral”, y aseguró que es innecesario el tono usado por la presidencia de la CSJ hacia el ente electoral.
Para la segunda vuelta, en la que se elegirá al sucesor del presidente Alejandro Giammattei, quedaron fuera dos de los favoritos en las encuestas de intención de voto y el candidato del oficialismo.
Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual, la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres, del Partido UNE, y Bernardo Arévalo, del Partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral.
De no oficializarse los resultados, los candidatos tienen prohibición a continuar con las campañas electorales para ganarse el voto de la población. Según el calendario electoral, 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a votar en la segunda vuelta.
[Con información de la periodista de VOA en Guatemala Eugenia Sagastume y The Associated Press]
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